SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El polémico proyecto para construir un complejo de departamentos sobre la costa lacustre a la altura del kilómetro 1 de Bustillo -bautizado como edificio Andorra- será sometido a audiencia pública el próximo miércoles, para la cual hoy sólo cinco inscriptos.
El grupo "Vecinos autoconvocados por nuestros derechos" decidió no acudir a esa convocatoria, pero hizo público su rechazo al emprendimiento, que requeriría numerosas excepciones a la normativa municipal.
Ana Wieman, una de las integrantes de la agrupación vecinal, dijo que no quieren exponerse en la audiencia pública porque ya participaron de otras similares y se sintieron defraudados.
Dijo entender que se trata de un mecanismo de consulta "no vinculante", pero cuestionó que el municipio suele avanzar igual con decisiones que contradicen lo escuchado en la audiencia y no explica mediante razón fundada por qué son desechadas las opiniones críticas. En relación con el Andorra, Wieman sostuvo a través de una carta abierta que el expediente acumula distintas irregularidades, incluida la desaparición de una nota del 29 de junio de 2007 enviada por Obras Particulares a Planeamiento, que aparecía en el original pero no está en el expediente "refoliado".
Aseguró que la numeración de las fojas está modificada con ayuda de corrector líquido y si bien es una práctica "usual", en el expediente Andorra no está debidamente "justificada".
Recordó además que en su momento la actual gestión municipal anuló actuaciones de la anterior porque un paso "crucial" del trámite había sido avalado mediante la firma de un funcionario menor, en reemplazo del subsecretario de Planeamiento, Raúl Ferrari.
Según Wieman, en función de ese antecedente, existe ahora una "amenaza de acción judicial contra el municipio" si no libra una nueva habilitación.
La referente vecinal dijo que el actual gobierno "no debería temer las consecuencias emergentes de los actos del ex subsecretario de Planeamiento y de quien firmó en su lugar", dado que la Constitución provincial establece que "los agentes públicos son personalmente responsables de los daños causados por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones".
