Tengan razón o no aquellos voceros oficiales que, basándose en las estadísticas confeccionadas por organizaciones internacionales conforme a las cuales la Argentina sigue siendo un país relativamente tranquilo, afirman que el clima de inseguridad que se da en el conurbano bonaerense y otras partes del país es en buena medida producto de los medios de difusión, en especial los televisivos, el que el grueso de la ciudadanía crea que el país se ve ante una marejada de delincuencia de brutalidad sin precedentes es de por sí alarmante. Cuando la gente se siente desprotegida, la tentación de hacer justicia por mano propia suele resultar irresistible. En ciertas ciudades brasileñas los comerciantes y otros periódicamente organizan escuadrones de la muerte para combatir el crimen; a juzgar por los episodios que acaban de registrarse en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, en el partido de Lanús, algo muy similar podría suceder aquí a menos que el gobierno reaccione a tiempo. Además de querer linchar a un joven de 14 años que con frialdad espeluznante había asesinado a un chofer de camión que procuraba impedir el robo del auto de su hijo, vecinos enfurecidos atacaron a un fiscal, a un funcionario de la municipalidad y a un policía que, según ellos, son en efecto cómplices pasivos o, en el caso de los uniformados, activos de los delincuentes. El día siguiente, más de ocho mil personas se movilizaron en la plaza central de Valentín Alsina para reclamar más seguridad, gritar consignas contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Daniel Scioli y repetir el cántico que se hizo mundialmente célebre en el 2001: "¡Que se vayan todos!".
Mientras que la presidenta y otros integrantes del gobierno nacional insisten una y otra vez en reivindicar el rol a su entender fundamental del Estado, una proporción importante de la ciudadanía se siente totalmente abandonada por él, ya que a su juicio los lugares en que viven han sido declarados "zonas liberadas" para delincuentes vinculados con la Policía que les permite robar a cambio de una parte del botín, los servicios médicos funcionan mal y nadie presta atención a sus quejas. No se trata de una contradicción, puesto que cuando los voceros gubernamentales hablan de la presunta necesidad de que el Estado recupere su protagonismo brindan la impresión de estar pensando sólo en la economía y en los recursos que quisieran conseguir para mantener llena la tristemente famosa "caja", o sea, que el entusiasmo oficial por el estatismo no significa que les interese hacer más eficaces los servicios públicos. En opinión de muchos, lo único que tienen en mente los Kirchner y sus colaboradores es aumentar su propio poder, motivo por el cual tantos ya dan por descontado que no han hecho nada para intentar superar las crisis estructurales que están destruyendo la educación pública, socavando el sistema sanitario y, desde luego, desmoralizando a la Policía.
Las protestas espontáneas desatadas por asesinatos cometidos por jóvenes están dirigidas no sólo contra el gobierno nacional y el provincial. Lo mismo que en el 2001, se ha difundido la convicción de que todos los miembros de la clase política están tan obsesionados con sus propios asuntos o, algunos dirían, negocios, que han olvidado que su función básica debería consistir en servir a la comunidad, no en servirse de ella para acumular más parcelas de poder. De intensificarse la sensación así supuesta en los meses próximos en que, según prevén muchos, la crisis económica se agravará, provocando más desocupación y una caída de los ingresos de muchas personas, el país correría peligro de entrar en una etapa sumamente agitada en la que se multipliquen los esfuerzos de gente de clase media por mantener a raya a delincuentes surgidos a menudo de los improvisados barrios en que viven los pobres ya "estructurales". Para impedir que las divisiones sociales existentes se profundicen todavía más, el gobierno nacional, los provinciales y las autoridades municipales tendrían que convencer a la ciudadanía de que realmente toman en serio lo que está ocurriendo en el país y que están resueltos a tomar las medidas necesarias para frenar la marcha hacia la anarquía. Caso contrario, los eventuales resultados de las elecciones legislativas del 28 de junio modificarían muy poco en el "país real".