VIEDMA (AV).- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, subió la apuesta en su investigación relacionada con el supuesto incremento patrimonial desproporcionado del legislador Daniel Sartor. Ayer, luego de esperar casi cuatro meses para que lo hiciera el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, radicó una denuncia penal. Consideró que los bienes patrimoniales comprobados de Sartor y su familia rondarían los 6.7 millones de pesos. Además pidió que se investiguen los viajes al exterior y el ostentoso nivel de vida del referente del radicalismo provincial.

En su presentación Piccinini pidió la intervención del fiscal de turno a raíz de haber tomado conocimiento de la presunta comisión de delitos aparentemente relacionados con el incremento desproporcionado y eventual enriquecimiento ilícito de Sartor y su grupo familiar.

La denuncia recayó en la fiscalía cargo de Ricardo Falca, quien ayer informalmente admitió a "Río Negro" haber tomado conocimiento de la situación pero descartó actuaciones al menos hasta el lunes. Recién la semana próxima se definiría qué juzgado investigará el caso. Para abonar su inquietud, la titular del organismo de control acompañó su denuncia con documentación.

En esa presentación sostiene que entre Sartor y su cónyuge, María Angélica Cartolano, reúnen alrededor de cinco millones de pesos en inmuebles de la provincia de Río Negro. Tan sólo uno de ellos -ubicado en la calle Flores del Campo del barrio Don Bosco de Viedma- superaría el millón y medio de pesos, según criterios económicos moderados de construcción estimados por la defensora. Otro tanto corresponde a un departamento en Capital Federal. Piccinini ratificó la propiedad por parte del legislador de dos vehículos cuyo valor llegaría a los 140.000 pesos.

Además de los bienes incluidos en la denuncia presentada el 8 de octubre pasado ante la Legislatura, Piccinini agregó ahora la existencia en el patrimonio familiar de un departamento en Las Grutas. Ese inmueble estaría a nombre del padre del legislador, dentro de un complejo donde la mayoría de las unidades funcionales pertenecería al Daniel Fernández, amigo del legislador y sucesivo apoderado de las empresas Rocafé, Masily y Flavors. Piccinini destacó que Alberto Sartor es mecánico jubilado.

Para explicar sus sospechas la defensora hizo referencia a que en ámbitos cercanos al legislador se relata la supuesta ostentosa calidad de vida que lleva él y su entorno; en ese marco realizó numerosos viajes al exterior, acompañado por sus hijos y familiares cercanos, lo que hace suponer un parámetro de gastos muy por encima de un nivel de vida acorde a sus ingresos, independientemente de su crecimiento patrimonial.

En total el patrimonio del grupo familiar, según calculó Piccinini seria superior a los 6,7 millones de pesos. Ademas la defensora dejó abierta a la investigación y evaluación la vinculación entre la firma FEA Group SRL, cuya presidenta es la hermana del legislador, como también los viajes al exterior.

"Se requiere de la presencia de la Fiscalía y del juez a quienes investigar les resulta más sencillo investigar que a la Defensoría", indicó Piccinini. "Nosotros seguimos investigando y todavía quedan organismos que nos deben algunas respuestas", agregó. Concluyó que "cuando el funcionario público asume un cargo tiene un deber, por eso ante la sospecha que pueda existir, social o como la planteo yo institucionalmente, se invierta la carga de la prueba. Es decir, el funcionario público tiene que explicar cómo hizo para adquirir esos bienes con los ingresos de la función pública", que en el caso de Sartor se extiende a los últimos 14 años.