NEUQUEN (ACE).- La fiscalía federal apeló ante la Cámara Federal de Roca la decisión de la jueza Margarita Gudiño de Argüelles de que 22 casos de detenidos - desaparecidos sean derivados a Bahía Blanca.

La presentación recaló ayer por la mañana en el Juzgado Federal de Neuquén. A esa hora, en Roca, las madres de Plaza de Mayo, la Corriente por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén y el Ceprodh, se entrevistaron con la Cámara Federal para darle a conocer el rechazo a la decisión de la jueza.

El Ceprodh, en duros términos, también presentó el jueves una apelación a la decisión de Argüelles. La fiscalía esgrimió que la jueza "no señala nuevos elementos de juicio que justifiquen el cambio de criterio".

La fiscal subrogante en esta causa, María Cristina Beute destacó que los elementos valorados ahora como relevantes para declararse incompetente en la investigación de estos 22 casos "existen en la causa" desde hace "casi tres años y medio". En la presentación se argumentó que el juez anterior a Argüelles, Guillermo Labate, ya había decidido que este grupo de denuncias permanecieran bajo su órbita de investigación.

Agregó que algunos casos que estaban en otros juzgados como el de Jorge Asenjo, el Nora Rivera o el de Cecilia Vecchi (todos de Cinco Saltos al momento del secuestro); habían sido tratados por el ex juez Guillermo Labate, quien decidió "que la radicación del hecho, está en el juzgado a su cargo".

Beute insistió en que en noviembre de 2008 Labate decidió que las 22 denuncias se iban a investigar en Neuquén cuando dijo que "continuarán bajo la órbita de este juzgado"; y por ejemplo, ordenó pruebas relacionados con la denuncia de Eduardo París (secuestrado en Cipolletti y parte de los 22 hechos), "lo que ratifica la aceptación de competencia".

La fiscalía consideró "erróneo" el argumento de que fue el V cuerpo desde donde salieron las órdenes dentro del plan sistemático y que en Bahía Blanca ocurrieron los hechos "más férreos". "Los tormentos fueron cometidos primeramente en todos los casos en circunscripción del juzgado a su cargo, donde las víctimas fueron sometidas a tabicamiento y sujeción física, interrogación y traslado en tales condiciones, simulacros de fusilamiento e interrogación bajo la aplicación de golpes, circunstancias que indican que su señoría es competente para entender la totalidad de los hechos de los que pretende desprenderse", dice la apelación.