SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM).- Los vecinos que reunieron más de 3.000 firmas por la declaración de emergencia en seguridad en San Martín presentaron una serie de propuestas concretas para combatir el problema. Lo hicieron en la sesión del Consejo de Prevención del Delito.
Quieren, entre otras cosas, que se utilice otro personal para las tareas administrativas en las comisarías y que se acaben los "adicionales", de modo que todos los agentes sean volcados a las tareas de prevención y represión del delito. También piden acabar con los revendedores de objetos robados, entre otras muchas medidas, que incluyen cámaras de vigilancia en sectores claves de la ciudad y en los barrios.
El Consejo, que se integra con representantes del municipio, de las diversas fuerzas de seguridad y de la justicia, es también el que está conteniendo las demandas de los vecinos autoconvocados, que se unieron como reacción a una seguidilla de hechos delictivos que sacudieron a esta ciudad en los últimos tiempos.
El extenso documento impulsado por los vecinos reconoce el trabajo de la policía pero cuestiona los planes de seguridad que no se cumplen, a la vez que afirman que muchas de las medidas que el poder político promueve son de largo aliento y "no podemos esperar".
En ese contexto y entre más de una decena de propuestas y reclamos, plantean una "urgente inversión en seguridad y tecnología para aumentar los niveles de operatividad; nuevos patrulleros, motos y bicicletas, teniendo en cuenta nuestra geografía; una cantidad de efectivos acorde con la cantidad de habitantes; recurrir a personal civil, provincial o municipal (en comisión) y /o personal retirado, para tareas administrativas, para que el personal policial afectado a las mismas pueda salir a cumplir tareas operativas; dejar sin efecto todos los servicios adicionales que cubre el personal policial en su tiempo de franco de servicio, e incorporarlos a un servicio Extraordinario de Prevención, labor que debería ser abonada con recursos del estado".
Al mismo tiempo, impulsan una "línea telefónica de emergencia gratuita (similar al 911) y para teléfonos celulares, donde se puedan denunciar delitos; monitoreo remoto a través de cámaras en los barrios alejados o más sensibles al delito, que sean controladas las 24 horas por personal policial. Un mapa del delito de acceso público, un boletín informativo en donde se indique con transparencia las acciones que se implementan y la publicidad de "estadísticas reales" se suman a la lista de propuestas de los vecinos.
También promueven crear "redes de seguridad vecinal y comercial, con apoyo logístico de la policía y control permanente en los accesos a la ciudad, los circuitos turísticos y la terminal de micros de larga distancia".
En cuanto a la dirección de las investigaciones policiales, proponen especial atencióin en "detectar y erradicar" los lugares donde se comercializan elementos robados, donde se vende alcohol sin autorización y donde se suministran drogas.
Asuntos que preocupan
Durante la cuarta reunión del Consejo de Prevención del Delito también se avanzó sobre temas pendientes. El fiscal Fernando Rubio abordó aspectos de sonados casos cuyo estado de tramitación interesa en la comunidad en general.
También tuvo a su cargo el análisis de la ley 2302, de defensa del menor y la familia.
El consumo de alcohol en la vía pública y la ingesta de bebidas por parte de los menores de edad fue otro de los temas abordados, que derivó en un mayor control y la implementación de acciones por parte del área de bromatología en conjunto con la Policía Provincial.
La concejal Mirta Billiorían presentó la ordenanza sobre el control de alcoholemia y el concejal Raúl Pérez detalló los contactos que realizó con Gendarmería Nacional sobre acciones de esta fuerza para un control mayor en las rutas y parajes de la zona.
