Desde hace años que las empresas vienen reclamando un razonable ajuste de tarifas para que la actividad vuelva a ser rentable y que el servicio se mantenga con las inversiones que necesita. En su tradicional conducta demagógica, el gobierno negó esta posibilidad destacando en cada medio de comunicación que "no recaerá sobre el pueblo el brutal ajuste que exigen las empresas".

Pero la realidad del mercado, terminó torciendo la voluntad política de los K y terminaron elevando las tarifas de gas de la peor manera posible.

Los aumentos que están llegando, superiores al 100% para los casos de la región, hoy no se sienten en la mayoría de los bolsillos porque el consumo es mínimo. Pero con la llegada del invierno, consumidores que en julio del año pasado pagaban 40 pesos por bimestre, terminarán abonando este año más del doble de esta cifra, con un escenario de caída del salario real y aumento de la desocupación.

¿No podría haberse adecuado la tarifa en forma progresiva hace años y no en forma brutal y de una vez como lo acaba de hacer el gobierno? En economía, todo aquello que se maneja mal, tarde o temprano se termina pagando. Esto es lo que pasó con las tarifas. El golpe al bolsillo del consumidor no es otra cosa que el costo de la ineficiencia oficial en el manejo de este tema.

Por otra parte, el decreto 2067/08 que es el que dispone el aumento sobre la tarifa del gas no se vincula con ninguna estructura de costos del servicio. En definitiva, y tal como se denunció oportunamente, parte importante del aumento está concentrado en el ítem "cargo tarifario", que debe ser considerado como un impuesto adicional a la tarifa ya que no hay contraprestación para el usuario por ese dinero que abona. En este sentido hay que destacar que el único órgano que tiene facultades para crear un tributo de este tipo es el Congreso Nacional. No puede salir por decreto.