NEUQUÉN (AN/ACE).- La Cámara Federal de Roca confirmó que la investigación de los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron antes del 24 de marzo de 1976 quedarán en manos del juzgado federal a cargo de Margarita Gudiño de Argüelles.

La definición se produjo la semana pasada, según se informó desde el juzgado neuquino. La causa se abrió en diciembre, pero hasta el momento no se habían iniciado trámites porque la jueza Margarita Gudiño de Argüelles dictaminó que la investigación debía ser derivada a la fiscalía a cargo de José María Darquier.

El fiscal apeló por entender que debía ser la jueza la que encabezara el proceso; y la semana pasada la Cámara determinó a favor de que el Juzgado Federal dirija la investigación penal.

Los atentados, secuestros y torturas ocurridos durante 1975 fueron atribuidos por los testigos durante el juicio por la Escuelita, al "accionar de la triple A", que según la hipótesis judiciales y de algunos querellantes, estaba coordinada desde la Universidad Nacional del Comahue por el interventor Dionisio Remus Tetu.

Durante su declaración en las audiencias del juicio contra los militares, el no docente Francisco Ledesma entregó a los jueces documentación que avalaría como el ex rector "pertrechó" con fondos universitarios en 1975 con automóviles y radio, a un grupo que contrató como "custodios" y que luego figuraban como integrantes del departamento de Inteligencia del Ejército, que participaba de los operativos de secuestro de universitarios cuando se puso en marcha el gobierno militar. En el juzgado Federal, la investigación fue caratulada como "la causa Buasso" por el ex juez Guillermo Labate.

El juez abrió este proceso con el argumento de que las pruebas obtenidas durante la investigación de la causa en la que se investigaban los delitos cometidos en el centro clandestino "La Escuelita", daban cuenta de que "el plan sistemático y clandestino", había comenzado "antes del 24 de marzo" de 1976.

Labate describió que hubo secuestros y torturas en 1975, como una "etapa previa" y componente del "plan sistemático", al tiempo que planteó entre estas pruebas las denuncias sobre los hechos padecidos por Eduardo París, Juan Isidro López, Cristina Botinelli, Orlando Cancio y Javier Seminario Ramos.

El 30 de diciembre el fiscal Darquier pidió la imputación de varios integrantes de inteligencia del Ejército que en 1975 aparecerían como integrantes de un "grupo de tareas" que operaba en la Universidad Nacional del Comahue y que en 1976 formó parte de los secuestros que llevó a cabo la dictadura en la región. También solicitó que se investigara si los tres atentados explosivos ocurridos durante 1975 -entre ellos el de la agencia Neuquén de "Río Negro"- serían parte del accionar de este grupo (que en la causa no está identificado como integrante de la "triple A"), tal como se dio a conocer durante el juicio.