NEUQUÉN (AN) - El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) rechazó la decisión de la jueza federal de Neuquén, Margarita Gudiño de Argüelles de declararse incompetente para investigar los casos de 22 víctimas de la dictadura militar de la zona, muchos de los cuales continúan desaparecidos. Esa actitud significa que enviará el expediente a la Cámara de Bahía Blanca para que continúe la investigación.
"Es inadmisible que a la fecha estos casos de compañeros y compañeras sigan en la impunidad y se quieran enviar a otra jurisdicción para que empiece de cero la investigación, cuando fueron parte del mismo accionar represivo", señalaron en un comunicado Ivana Dal Bianco, Romina Sckmunck y Natalia Hormazábal.
Los dirigentes recordaron que sobre estas víctimas -Jorge Asenjo, Gladis Sepúlveda, Carlos Chaves, Dora Seguel, Eduardo Guillermo Buamscha, Eduardo Paris, Alicia Villaverde, Susana Mujica, Darío Altomaro, Cecilia Vecchi, Alicia Pifarré, Mirta Tronelli, Carlos Schedan, Nora Rivera, Élida Sifuentes, Arlene Seguel, Eva Libertad Garrido, Argentina Seguel, Raúl González, Raúl Eugenio Metz, Graciela Romero de Metz -"y el bebé de ambos, desaparecido", destacaron- y César Dante Giliberto.
Recordaron que ya el ex juez Guillermo Labate también se había declarado incompetente, pero que luego de que tanto desde la fiscalía, como desde la querella del Ceprodh se interpusieran recursos de reposición, dio marcha atrás y aceptó investigar esos casos.
"A pesar que esta cuestión ya estaba resuelta y firme, la jueza federal (que reemplaza a Labate) se vuelve a declarar incompetente y ordena que esos casos sean enviados al Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca", cuestionaron.
Sostienen que esta decisión se encuentra a tono con la política nacional de desmembrar las causas, de juzgar a algunos genocidas y no a todos.
"Quieren demostrar celeridad en las causas contra los genocidas a costa de impunidad. Porque la celeridad que mencionan tanto desde la Corte Suprema de Justicia, como desde el gobierno, implica "juzgar rápido" pero no a todos los genocidas, ni por todos los casos", indicaron.
Para los dirigentes la declaración de incompetencia de la magistrado atenta también contra la propia historia de "nuestra zona, negando el circuito represivo".
Recuerdan que es elocuente que en el "Operativo Cutral Co" se hayan secuestrado a 10 personas y mientras algunos son investigados aquí y "hay genocidas procesados por ellos, otros son enviados a Bahía Blanca, como los casos de Dora Seguel y Carlos Chaves. Nos preguntamos: ¿por qué sus casos no fueron imputados? ¿Por qué se los envía a Bahía Blanca si fueron secuestrados y torturados en la zona al igual que otros casos que sí están en este tramo?".
Señalaron que volverán a presentar todos los recursos judiciales que sean necesarios para impedir que se desguace la causa.
"Llamamos a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a manifestarse en contra de esta resolución que pretende seguir garantizando la impunidad en estos casos", expresaron en el comunicado de prensa.
