La idea de construir un muro para resguardar de la delincuencia al barrio bonaerense de San Isidro del de San Fernando tuvo ayer su revés legal, luego del repudio generalizado y la demolición emprendida por los propios vecinos.
El jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez, aseguró que el gobernador Daniel Scioli "no permitirá su reconstrucción".
"Contamos con las herramientas legales para hacerlo y el acompañamiento de la justicia, el intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro y los foros de vecinos de los barrios. Fue una medida discriminatoria, inconsulta y con argumentos falaces", argumentó.
La Municipalidad de San Isidro, que puso en práctica la polémica idea, presentó ayer una denuncia contra las personas que derribaron el muro y acusaron a supuestos integrantes del gremio de Camioneros.
La Municipalidad indicó oficialmente que la denuncia se realizó contra un grupo indeterminado de personas, aunque individualizó un automóvil marca Volkswagen, modelo Polo, desde donde habrían salido la mayoría de los que los responsables de derribar esa estructura. Según precisaron fuentes de la Intendencia de San Isidro, el vehículo estaría registrado a nombre del "sindicato de Camioneros".
Desde el gobierno de Scioli, el jefe de Gabinete sostuvo que "tenemos como política de seguridad trabajar en la inclusión. Y además de haber destinado mas de 200 efectivos policiales y equipamiento a San Isidro, lo más importante son las políticas sociales que implementamos en el distrito. No debe especularse con medidas efectistas que nada resuelven y crispan a la gente. Le pedimos al intendente Posse mesura y concordia con los intendentes vecinos y tenderle una mano a los mas humildes en vez de aislarlos".
El juez de menores Fernando Ribeiro Cardadeiro, por su parte, le puso un freno a la iniciativa y encomendó la instalación en la zona de un destacamento policial, a fin de evitar hechos delictivos.
La medida judicial fue adoptada ayer a la mañana y se conoció luego de que una protesta derribara el paredón y destruyera las placas de hormigón, caños y pilotes con los que se iba a montar esa estructura sobre la avenida Uruguay, a la altura del barrio Villa Jardín.
Por la tarde, se conoció que la Municipalidad de San Isidro presentó una denuncia por "destrucción de bienes públicos" ante el juzgado de turno de San Isidro, contra las personas que derribaron el muro y acusaron a supuestos integrantes del gremio de Camioneros.
El gobierno bonaerense intervino mediante el envío a la zona del conflicto del ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, quien aclaró que la administración de Daniel Scioli no permitirá estructuras de ese tipo porque "generan violencia y exclusión, y son discriminatorias".
"Es una locura que hay que frenarla lo antes posible. Somos todos iguales, no hay ni buenos ni malos", afirmó el funcionario bonaerense, y aclaró que la municipalidad de San Isidro "no tiene jurisdicción sobre la vía pública para impedirla ni para cercar barrios ni dividir gente".
También vinculó su construcción con un posicionamiento político: "Esto fue un error, es un posicionamiento electoral. Un brote fuera de toda razón, que no tiene, aunque existiera, correlación con un brote de violencia o inseguridad" en la zona. "Detrás de esto vienen otras cosas", advirtió.
(DyN y Redacción Central)
