NEUQUÉN (ACE).- La jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles se declaró incompetente para investigar las denuncias de 22 detenidos - desaparecidos que fueron secuestrados en la zona y llevados al centro clandestino "La Escuelita" de Bahía Blanca.
Su antecesor, el ex juez (ahora vocal del TSJ neuquino) Guillermo Labate había planteado que estos casos debían ser trasladados al juez Acindo Álvarez Canale para que los investigue la justicia bahiense en el marco de la causa de los delitos cometidos por el Ejército en el V Cuerpo, y ante la oposición de la fiscalía y de la querella del Ceprodh; optó por remitir sólo los expedientes del cipoleño Francisco Tropeano y de Raúl Ferreri (desaparecido).
La decisión de la jueza parecería contraria o diferente a la de Labate, sino embargo, desde el Juzgado Federal se dijo que la situación sobre este grupo de sobrevivientes y desaparecidos que fueron secuestrados en Neuquén, Cinco Saltos, Cipolletti y Cutral Co y remitidos al centro clandestino de Bahía Blanca en 1976 "no había sido definido" por Labate.
Gudiño de Argüelles confirmó el viernes en un dictámen de incompentencia que trasladará la investigación de estos hechos a Bahía Blanca. Si el Ceprodh y la fiscalía insisten en rechazar la medida (medida que deberá ser cumplida esta semana) será la Cámara Federal de Roca la que dirimirá si la investigación continúa en Neuquén o se remite a Bahía.
Si no hay apelaciones al dictámen que se emitió el viernes, los 22 expedientes serán remitidos a la ciudad bonaerense.
Se trata de las denuncias de Nora Rivero, Cecilia Vecchi, Eduardo Paris, Jorge Asenjo, Guillermo Buamscha, Héctor González, Alicia Villaverde, Darío Altomaro, Elida Sifuentes, Eva Garrido, Gladis Sepúlveda, Argentina Seguel, Dora Seguel, Arlene Seguel, Susana Mujica, Alicia Pifarré, Carlos Chávez, Raúl Metz y Graciela Romero de Metz, Carlos Schedan, Mirta Tronelli y César Giliberto.
"Todos estuvieron en el centro clandestino de detención La Escuelita, de Bahía Blanca; desde allí algunos fueron abandonados en la zona de campo cerca de Bahía, otros fueron encarcelados (a disposición del PEN) y otros permanecen desaparecidos" desde la última vez que se los vio en ese centro de torturas, se detalló desde el juzgado.
Consultada la secretaria del Juzgado, Silvina Domínguez, detalló que la jueza argumentó en su dictámen que la definición se tomó "para una mejor investigación" en base a los criterios de la Cámara de General Roca de que las órdenes sobre los destinos de estos detenidos ilegales fueron emitidas desde el comando del V Cuerpo con asiendo en Bahía Blanca.
El segundo criterio que dio base a la definición, dijo Domínguez, fue el establecido por la Unidad de Fiscales de la Procuración Nacional de agrupar la mayor cantidad de hechos cometidos en violación de los Derechos Humanos durante la dictadura según el centro clandestino de detención donde ocurrieron los hechos denunciados.
