SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM).- Casi la mitad de la matrícula escolar de la escuela rural 117 de la villa Meliquina, no puede concurrir a clases porque el Consejo Provincial de Educación no hizo a tiempo el llamado a licitación del transporte escolar.

Esos niños y niñas viven a varios kilómetros del establecimiento. La Defensoría envió un oficio al Ministerio de Educación, en el que insta a arbitrar los medios necesarios para solucionar el problema, en no más de cinco días.

La escuela tiene una matrícula de 25 alumnos, de los cuales 10 no pueden concurrir a clases por la apuntada falta de previsión del Consejo. Los sobres para la compulsa de precios por el servicio recién se abrieron el pasado 20 de marzo y desde entonces hay 30 días para dar la orden a los transportistas que ganaron la licitación.

Directivos de la escuela explicaron que los tiempos administrativos "no son los de los chicos". Por ese motivo, a los alumnos "ya se les ha privado de cinco semanas de clases y corren el riesgo de no poder concurrir hasta mayo, perdiendo así el año escolar, y todo esto por no vivir cerca de la escuela", dijo la directora, Adriana Ros.

Los chicos y chicas en esas condiciones tienen domicilio en un radio que va de los 5 y 20 kilómetros de distancia de la escuela". La villa de Meliquina está ubicada a unos 35 kilómetros de San Martín de los Andes, que es la ciudad más cercana.

Ante la consulta, desde el Distrito IX se respondió que no se pueden agilizar los tiempos y que "no pudieron realizar una prórroga al transportista anterior, ya que había que actualizar el recorrido con el nuevo alumnado".

Si se tiene en cuenta que el recorrido cambiará inevitablemente cada año, por la natural incorporación de nuevos niños, cabe preguntarse si "tendremos que dejar sin escolaridad a quienes vivan lejos y no tengan la posibilidad, en tiempo y en recursos, de llevar y traer a sus hijos a la escuela", inquirió Ros.

El pasado viernes, como se apuntó, la Defensoría de Junín de los Andes envió un oficio al Ministerio de Educación de la provincia, instando a que en un plazo no mayor de 5 días se arbitre la orden a la empresa transportista para comenzar a prestar el servicio.