En Argentina existe una visión ingenua, pueril, acerca del rol Estado, que está inconscientemente presente en muchas decisiones políticas y jurídicas que se adoptan. Podríamos denominar esta visión ideológica como la de que "el Estado aguanta todo". Es decir que los presupuestos del Estado pueden absorber cualquier decisión, por disparatada que sea, debido a su poder mágico, taumatúrgico, que disuelve el costo económico que toda medida de este orden lleva implícito.

La última expresión de esta cultura de la levedad estatal está representada por las decisiones de algunos jueces que obligan a la administración pública al pago de los días no trabajados por el ejercicio del derecho de huelga. Esta decisión ha sido adoptada por un juez del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro y también por un juez de la Ciudad de Buenos Aires, que obliga a las autoridades públicas al abono de los días no trabajados por docentes en huelga.

El ejercicio del derecho de huelga está incorporado como un derecho prácticamente en todas las legislaciones del mundo. La suspensión del contrato de trabajo debido a la huelga no puede ser motivo de sanción, pero lo cierto es que al no cumplirse con la prestación laboral no se obtiene el derecho a la contraprestación del pago de los salarios. Así sucede en todas partes del mundo? menos en Argentina.

El pago de los salarios durante los días en que no se ha trabajado sería inasumible en una actividad privada. Un empresario no podría ser condenado a abonar los salarios durante un período extenso de tiempo si su fábrica ha permanecido cerrada y por lo tanto no ha tenido capacidad para generar ingresos. Sería condenarlo inevitablemente a la quiebra.

Pero cuando el empresario es el Estado, entonces, bajo la filosofía de que "aguanta todo", podemos endosarle el pago de semanas o meses de salarios por períodos no trabajados. De este modo estimulamos la irresponsabilidad de los dirigentes sindicales que pueden dejar sin clase a miles de escolares por períodos extensos de tiempo, dado que al final sus trabajadores afiliados, trabajen o no trabajen, igualmente cobrarán sus salarios.

Esta visión de que "el Estado aguanta todo" se hace visible también en otros terrenos. Bajo ese prisma podemos endosarle al Estado una empresa con pérdidas inconmensurables como Aerolíneas Argentinas, con total despreocupación del efecto que la medida tiene en las finanzas del Estado. Con la misma despreocupación, los gestores de la línea estatal pueden regalar generosamente pasajes a amigos y familiares, que estando la empresa a cargo del Estado se ha producido el milagro que reproduce los panes y los peces.

La misma filosofía está detrás del clientelismo desenfadado, que arroja sobre la espalda de los presupuestos públicos la carga de miles de empleados sin ocupación específica; o la práctica del más crudo nepotismo, designando como "asesores" a cargo del Estado a amigos, socios o familiares. De igual modo se pueden conceder jubilaciones de privilegio, sin haber realizado los aportes necesarios, o se puede liberar del pago del impuesto a la renta a ciertos colectivos privilegiados, como jueces y militares.

Lo más curioso de estas prácticas es que sus autores son luego furibundos partidarios de la intervención del Estado en la economía. No existe contradicción más flagrante que predicar a favor de la conveniencia de una fuerte presencia del Estado en la prestación de los servicios públicos y, al mismo tiempo, hacer recaer sobre los presupuestos públicos tal cantidad de peso innecesario que luego no existe capacidad para financiar una prestación eficaz de esos servicios.

Las personas que, por ejemplo, han visto con simpatía la "nacionalización" de Aerolíneas Argentinas -una forma de que la alta clase media disponga de la capacidad de volar al interior del país- deberían relacionar esta decisión con la penosa situación de los hospitales públicos, adonde acuden, desesperanzados, los ciudadanos más humildes. Si cargo sobre el Estado ciertos costos, inevitablemente estoy restando recursos en otro sector. Ignorar las consecuencias económicas que tienen ciertas decisiones políticas o judiciales es rendir tributo a una cultura mágica que desconoce la ley de la causalidad y las implicaciones últimas de esas medidas. Es más propio de una cultura tribal, basada en el uso de pócimas y amuletos, que de una organización social moderna, actualizada y responsable.

ALEARDO F. LARÍA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Periodista y abogado.