VIEDMA (AV).- Para evitar nulidades suspendieron indagatorias en la causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción de escuelas del Alto Valle. La decisión fue adoptada por el juez penal subrogante Juan Bernardi, quien reemplaza a su par Pedro Funes de licencia por razones de salud. La imprecisión de los hechos imputados habrían generado esta resolución de reformulación de Bernardi.

La semana pasada se presentaron a declarar Gustavo Heredia titular de una de las cuestionadas empresas constructoras de esos edificios y la ex ministra de Educación, Ana Mázzaro. Ambos fueron notificados de la decisión de Bernardi de reformular el llamado a indagatorias y que serían convocadas nuevamente para mayo. La intención es mejorar los llamados con una descripción adecuada de los hechos, explicitando las respectivas imputaciones como lo fija la Ley para evitar nulidades futuras y que parece no tuvieron en cuenta estas convocatorias. Los llamados anulados no habrían incluido precisiones en relación a tiempo, modo, lugar, tipo de perjuicio como lo fija la norma.

Esta es una vieja denuncia formulada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas allá por 2001, cuyas fojas corren el riesgo del amarillo intenso sofocadas de tanto encierro en cajones y cajas. Las presuntas irregularidades de esta causa están vinculadas a que algunas escuelas se habrían construido con material de menor calidad que el que figura en las facturaciones, con el aporte de fondos municipales pero que las empresas lo habrían cobrado, aulas que fueron levantadas sólo en la facturas.

Finalizada la investigación de estos hechos en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, este organismo presentó la denuncia penal correspondiente en Roca por ser la jurisdicción de las escuelas que fueron construidas aparentemente con presuntas y serias irregularidades. En abril del año pasado el Superior Tribunal de Justicia interpretó que la competencia para entender en esta investigación era de la Justicia con asiento en Viedma. En esa oportunidad desde la Procuración General se pidió el "urgente" envío de los expedientes a la capital rionegrina pero, según se supo pasaron ocho meses para que las causas comenzaran a llegar a cuentagotas a Viedma.