La atribución que se tomó el intendente Marcelo Cascón de distribuir en forma inconsulta y unilateral parte de la tierra adquirida para solucionar la crisis habitacional de la ciudad pervierte uno de los mayores logros de su alicaída gestión.

Más cuando la decisión de favorecer al sindicato municipal se selló en plena negociación de la emergencia económica, circunstancia que tiñe de discrecionalidad la adjudicación en venta y salpica tanto al mandatario como a la dirigencia del SOYEM, que en pocos meses enfrentará un nuevo proceso de renovación de autoridades.

La mayor arbitrariedad del estilo personalista impuesto por Cascón es la ausencia de criterios claros y transparentes que garanticen igualdad de acceso a la vivienda y la tierra para todos los sectores que la necesitan.

Hasta el momento nadie en la actual gestión expuso cuáles serán los lineamientos concretos que regirán la adjudicación de tierras y viviendas sociales, pese a que ya se están cerrando acuerdos.

Las respuestas brindadas a este diario fueron de orden general e imprecisas y los hechos de las últimas semanas contrariaron tanto el discurso como el compromiso asumido con las organizaciones del Consejo Social de Tierras que confiaron de buena fe en el marco de trabajo acordado con el Ejecutivo. Un acta acuerdo que, por su ambigüedad, deja un amplio margen de discrecionalidad.

Al asumir la intendencia Cascón renunció al reclamo de llamar a un concurso abierto para la adquisición de tierras que le hiciera a sus antecesores desde la presidencia del Concejo Municipal, con el argumento de que tal convocatoria solo alentaría la especulación de los posibles oferentes.

Ahora, con tierras en la mano, su primera adjudicación eludió todo mecanismo de transparencia y equidad bajo el pretexto de "garantizar un ciclo virtuoso del recupero y la capitalización que hace la municipalidad al banco de tierras" apelando a la fortaleza de las organizaciones gremiales.

La forma de administración expuesta por Cascón reproduce los peores vicios de la vieja política, siembra malestar y desconfianza entre las organizaciones del campo social y emite un mensaje preocupante a la ciudadanía: el de la prevalencia del más fuerte. Para acceder a la tierra es necesario pertenecer a una estructura cercana al poder o con incidencia sobre éste.

Al SOYEM, que se autodefine como una organización del campo social, cabe reprocharle la oportunidad de la negociación y la actitud poco solidaria de aferrarse a la ventaja que le da su fuerte incidencia sobre la administración municipal. De más está recordar que el anterior beneficio recibido del estado municipal -el regio inmueble de Brown y Castex- lo negociaron a precio de mercado hace dos años sin generar alternativas habitacionales para sus necesitados afiliados. Ese solo hecho debió ponerlos a la cola de las prioridades.

Aferrados a su visión sectorial, los dirigentes del SOYEM ya le anticiparon a los miembros del Consejo Social de Tierras que no están dispuestos a resignar el privilegio recibido en favor de otros grupos más necesitados ni aceptan someterse a un esquema de evaluación técnica, en pie de igualdad con el resto de los solicitantes.

MARCELA BERDÚN
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