BUENOS AIRES (DyN) - El gobierno evitó ayer confrontar con la Iglesia por el duro informe que emitió con denuncias de una "despenalización de hecho" de las drogas en las villas, pero aclaró que no busca liberalizar el consumo de esas sustancias.
"No estamos en favor de la despenalización de la droga, lo que estamos proponiendo es no criminalizar al adicto", aclaró el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, impulsor de un proyecto de reforma integral de la actual ley de drogas.
En una entrevista radial, el funcionario trató de no confrontar con el trabajo que presentó ayer el equipo para las villas de emergencia de la arquidiócesis de Buenos Aires, pero marcó diferencias con las manifestaciones realizadas por los sacerdotes.
Las declaraciones del ministro surgieron a raíz de que el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia denunciara ayer que la droga "está instalada con fuerza" en los asentamientos de la ciudad y que allí el consumo "está despenalizado de hecho", sin que las autoridades hagan nada por adolescentes y jóvenes que tienen "veneno en sus manos", por el paco.
Para la veintena de sacerdotes que trabajan en 13 villas porteñas, las discusiones de ministros y jueces por la tenencia y consumo de drogas están muy alejadas de lo que pasa en la realidad. Es más, denuncian que las villas, como "zonas liberadas", son funcionales al narcotráfico.
"Entre nosotros la droga está despenalizada de hecho. Se la puede tener, llevar, consumir, sin ser prácticamente molestado. Habitualmente, ni la fuerza pública ni ningún organismo que represente al Estado se mete en la vida de estos chicos, que tienen veneno en sus manos", escribieron los sacerdotes en un documento que presentaron el viernes a la prensa.
"La mayoría de los que se enriquecen con el narcotráfico no viven en las villas, en estos barrios donde se corta la luz, donde una ambulancia tarda en entrar, donde es común ver cloacas rebalsadas". Sin embargo, admiten: "Otra cosa distinta es que el espacio de la villa, como zona liberada, resulte funcional a esta situación". Doce de los diecinueve curas firmantes del texto, que viven en las villas porteñas y que son allegados al cardenal Jorge Bergoglio, denunciaron también el tráfico de armas como disparador de la violencia juvenil.
"Nuestra vocación no colisiona con el pensamiento de los curas, es exactamente el mismo", afirmó al respecto el ministro de Justicia, quien convocó a una comisión de expertos, juristas y profesionales multidisciplinarios para elaborar un proyecto de reforma del actual marco normativo.
De todos modos, el funcionario advirtió que la problemática de las drogas "no es un tema de la justicia penal ni del Código Penal, es del Código Civil. En casos complicados, un juez civil puede dar la orden de tratamiento".
Aníbal Fernández puso como ejemplo el caso del músico Charly García, quien está bajo un tratamiento de recuperación de las adicciones y que, la semana pasada, reapareció en público frente a la Basílica de Luján, tras casi un año de no tocar por la estricta terapia que lleva adelante, en compañía de su amigo Ramón "Palito" Ortega. El ministro destacó que, en el caso de García, "la justicia civil es la que da la orden que tenga que trabajarse, pero sabe qué? el tratamiento que le están aplicando a Charly cuesta muchísima plata". "El pobrerío nuestro, los pibes nuestros de las villas que los curas dicen defender, no tendrían esa posibilidad si el Estado no es el que se mete a defenderlos", manifestó el ministro.
