SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Tribunal de Contralor aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2006, aunque formuló observaciones sobre una antigua diferencia de caja de 300 mil pesos, cuyos comprobantes permanecen inhallables. A su vez, el balance expone también la existencia de transferencias bancarias sin reintegrar al cierre del año, "en contravención a las normativas vigentes".

Otras irregularidades ya señaladas en balances anteriores tienen que ver con la ausencia de amortizaciones para los bienes de uso municipales, las demoras en la rendición de los subsidios y la falta de retenciones de impuesto a las ganancias sobre los sueldos.

Aun con esas falencias, para el Tribunal "los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 presentan razonablemente la situación patrimonial, el resultado del ejercicio, las variaciones del patrimonio neto y el estado financiero municipal".

El Ejecutivo municipal se comprometió a enviar en breve el balance 2007 y, tras su aprobación, presentar el correspondiente a 2008. Tener los registros contables aprobados y al día, son condición imprescindible -por ejemplo- para que el municipio pueda tramitar créditos bancarios.

Ahora el balance 2006 deberá ser evaluado por el Concejo Municipal, que contará con el dictamen del TdC como decisivo elemento de juicio.

El atraso en la confección y aprobación de los balances es una deuda histórica en el municipio, que tiene origen en los desarreglos administrativos acumulados por el municipio desde fines de los 90, cuando el titular del Ejecutivo era César Miguel y la secretaría de Hacienda era Ernesto Saavedra.

La reconstrucción contable no resultó fácil, al punto de que los balances confeccionados a partir de 2003 (con varios años de demora) demostraron la existencia de numerosas cuentas de caja y bancos con saldos injustificados,

Uno de los contadores consultados explicó que el descontrol se debió principalmente a que el municipio manejaba sus pagos en efectivo, incluso para sumas abultadas, a fin de eludir embargos bancarios. Algo que hoy sería impensable. La aparición posterior de algunos comprobantes permitió documentar el pago de sueldos y de deudas con proveedores, que fueron achicando la diferencia.

Cifras que no cerraban

Pero al cierre del 2006 persistían 74.533,60 pesos sin "cerrar" en la llamada "caja 70 LeCop" y otros 235.895,17 pesos en la "caja 80".

Esos montos ya fueron previsionados como pérdidas. Según el Tribunal, ese recurso "permite el seguimiento de las diferencias detectadas, hasta encontrar su causa u origen".

Pero según explicaron los contralores Nora García y Oscar Cannizzaro, el punto final para esa mecánica depende de una "decisión política" del Ejecutivo, que debería promover la continuidad de la búsqueda de comprobantes o darla por terminada y consolidar la pérdida, lo cual habilitaría una investigación posterior del Tribunal para determinar las responsabilidades por el faltante.

Según los miembros de TdC, la posibilidad de llevar la cuestión a la Justicia Penal no genera tampoco mucha expectativa porque ya existió tiempo atrás una causa por hechos similares y el magistrado actuante sobreseyó a Miguel y a Saavedra por prescripción de los supuestos delitos.

En cuanto a la falta de amortizaciones, el Tribunal repitió una advertencia que ya había formulado en el dictamen para el balance 2005. Admitió que la dirección de Contaduría haya decidido no efectuar amortizaciones, "incorporando la postura de parte de la doctrina cuando se refiere a la naturaleza pública que poseen los bienes del Estado".

El Tribunal consideró que esa regla no debe ser de aplicación general "ya que si bien existen numerosos bienes que responden a esa descripción, tales como plazas y monumentos, existen otros bienes como rodados, maquinarias e informática que requieren tratamiento diferencial, ya que son muy sensibles a la depreciación o desvalorización por el simple paso del tiempo".

Agrega el dictamen que omitir esa amortización en los registros contables "no logra reflejar la realidad económica municipal".