VIEDMA (AV).- Río Negro se plegará al programa de relevamiento de territorios habitados por comunidades indígenas, con la intención de buscar un reconocimiento de posesión ancestral de campos productivos.

La normalización permitiría aliviar las disputas judiciales, que hoy suman alrededor de 200 causas, casi siempre con final desfavorable para las familias ocupantes de ese origen.

Los trabajos incluirán a 40 encuestadores comunitarios que tendrán su cargo la elaboración de una radiografía social-económica de las familias, y a otros 19 colaboradores, que realizarán las tareas de amojonamiento con apoyo de sistemas satelitales de referenciamiento. Ambos grupos recibirán capacitación previa.

El plan se enmarca dentro de la ley nacional 26160 que contempla la regularización dominial, según anunciaron el coordinador provincial del Programa de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas, Víctor Capitán, y la secretaria de la coordinadora del Parlamento Mapuche, Ana Huentelaf.

"Nosotros pretendemos que se contemple el reconocimiento dentro de esta norma porque la ley provincial 279 no nos favorece demasiado en la titularización, más allá de que cederán los expedientes para describir las bases históricas y jurídicas", afirmaron los directivos. Agregaron que el aspecto legal provincial sólo permite el reconocimiento como ocupantes precarios, lo cual "a nuestra gente no le sirve para solicitar créditos productivos o bien acceder a otro tipo de beneficios sociales".

Este plan, que incluye la verificación técnica, jurídica y catastral de grandes extensiones, será discutido en el curso de una asamblea del Parlamento Mapuche ante la necesidad de establecer un cronograma de actividades dividiendo al territorio en las zonas Atlántica, Andina y Alto Valle. El plenario sesionará desde hoy por espacio de tres días en Jacobacci.

Son numerosas las causas entabladas por el Codeci. Entre las más resonantes se encuentran la disputa que promovió el desalojo de la familia Loncón en Cañadón Chileno sobre la Ruta Provincial 67, y en la que se acusó de haber actuado irresponsablemente a efectivos de la comisaría de Comallo.

En el paraje Chacay Huaruca se frenó una sentencia contraria a la Comunidad Cañumil en un expediente sobre presunta usurpación.

En Valcheta se consiguió la restitución de propiedades en favor de una familia Huentelaf, mientras que en la zona de Chelforó se está asistiendo a la Comunidad Kosti ante una demanda que tienen contra un privado en el Juzgado Civil Nº 1 de General Roca.