JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- La seguidilla de tomas de tierras fiscales desatada en esta ciudad hace poco más de un mes, tendría un efecto dominó con denuncias sobre actuaciones de la policía, jueces y magistrados, y hasta la presunción de un conflicto de poderes.

Conviene recordar que la crisis tuvo una salida política, mediante acuerdos con los representantes de las tomas para la incorporación de las familias en los registros del Instituto Municipal de Vivienda, y el compromiso de avanzar en la compra de tierras para loteos sociales.

El municipio se constituyó en su momento en querellante en la causa por el presunto delito de usurpación, aunque no formuló denuncias en función de los apuntados acuerdos.

Sin embargo, el intendente de Junín de los Andes, Rubén Campos, confirmó a este diario que presentó un escrito a la Justicia, solicitando una investigación administrativa sobre el juez de Instrucción Federico Sommer, por "no haber actuado entre la primera toma y las posteriores, lo que facilitó que el fenómeno se extendiera, según dio a entender el jefe municipal.

Campos también reveló que en su presentación incorporó la actuación de otros magistrados con efecto en Junín de los Andes, a propósito de situaciones similares ocurridas en los últimos tres años. A su turno, se supo que el juez Sommer se habría percatado de un eventual conflicto de poderes en oportunidad de ordenar medidas tendientes a evitar la consolidación de las tomas, el pasado mes, por lo que habría elevado todos los antecedentes al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia ante el incumplimiento de sus órdenes.

Jefes policiales

Esa filosa arista del conflicto involucra a los jefes policiales que actuaron por entonces, y que debieron haber ejecutado las órdenes del magistrado (entre otras, evitar que se ingresaran materiales y otros elementos a los predios ocupados).

Este diario ya había anticipado en el momento más intenso de la disputa por las tomas, que hubo una orden del poder político para priorizar la salida negociada antes que la actuación de hecho mediante la fuerza policial. Con ese criterio habría habido una comunicación del intendente Campos con el ministro de Seguridad, César Pérez. Ante una consulta, el intendente no confirmó pero tampoco negó esa versión. También en aquella ocasión había actuado uno de los fiscales, quien luego se excusó, al parecer por ser vecino de uno de los sitios ocupados.

En medio de estas disputas, aún hay pendiente de resolución medio centenar de denuncias presentadas precisamente por los vecinos del Barrio Santa Julia, que acusaban a concejales y referentes de gremios estatales por una supuesta incitación a cometer delitos.

Las denuncias fueron recibidas en la Comisaría 25 de esta ciudad.

Delito de usurpación

Para completar el complejo cuadro, se supo que en las últimas horas fueron indagados por presunto delito de usurpación, varias personas que en la misma oportunidad también tomaron terrenos, pero lo hicieron en circunstancias distintas al grueso de los ocupantes. Por caso, lo hicieron en horas de la noche.