NEUQUÉN (AN).- En poco menos de una semana la municipalidad de Neuquén en conjunto con el gobierno provincial y la Defensoría del Pueblo habilitarán a las 91 familias que participaron de la violenta toma del barrio Confluencia a asentarse en el nuevo predio ubicado a pocas cuadras del terreno en donde el año pasado se desató una polémica batalla campal.
Si bien el traslado de las familias se realizará cuatro meses más tarde de lo inicialmente previsto, los ocupantes deberán esperar un tiempo más para contar con los servicios domiciliarios comprometidos dado que hasta ayer el terreno no contaba aún con agua ni electricidad.
"Estamos terminando los detalles para entregarle a las familias los terrenos para que puedan comenzar a construir sus casas", aseguró ayer el flamante coordinador de la Unidad de Gestión del Hábitat, quien reconoció que el traslado se dará de forma un tanto apresurado dado que se teme que las tierras ubicadas sobre calle Paimún puedan ser usurpadas.
"Ya terminamos los amojonamientos y las mensuras de cada terreno", explicó Carlos Di Camillo en tanto que la semana pasada las 91 familias que participaron de la polémica toma del predio de Obrero Argentino y Boerr, hicieron un sorteo para definir qué terreno le toca a cada una.
"Esta será la primera toma que se regularice a través de la nueva ordenanza habitacional y por eso en un mes vamos a mandar al Concejo Deliberante toda la documentación para que sea formalmente aprobada", indicó Di Camillo y agregó que "en un proyecto separado vamos a enviar también para ser ratificada la adjudicación del predio que había sido tomado a la CGT que ya se encargó de cercarlo".
No obstante esto, Di Camillo reconoció que de momento el predio no cuenta con ningún tipo de servicio y sólo fue parcialmente nivelado dado que tampoco se demarcaron las calles internas, ni el parque que se deberá construir en el sector oeste del terreno que linda con la planta de tratamiento de líquidos cloacales del EPAS, Tronador.
"Estamos muy conformes de lo que se pudo lograr con esta toma porque participaron muchos actores como el EPAS y provincia", indicó el funcionario aunque señaló que "por ahora vamos a permitir que todos ingresen al predio pero tenemos sospechas de que algunas de las 91 familias que están contempladas no pueden recibir el terreno asignado porque por ejemplo ya están en otra toma de la ciudad".
Esta toma fue una de las más violentas de los últimos tiempos a raíz de los extensos enfrentamientos ocurridos en septiembre y octubre del año pasado entre los ocupantes y la policía provincial, que obligaron a que mediaran en el conflicto distintos organismos de derechos humanos.
