JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- El intendente Rubén Campos anunció ayer que el dinero que ingrese de la renegociación de contratos petroleros de la provincias y de los fondos nacionales coparticipados por las retenciones a las exportaciones de soja, serán íntegramente destinados a la compra de tierras y a la construcción de viviendas sociales en esta ciudad.
Se trata de la previsión de unos cinco millones de pesos para el presente ejercicio, que se volcarán a la adquisición de superficies equivalentes a 500 lotes, y a la proyección de entre 65 y 70 viviendas.
La medida, dijo Campos a este diario, apunta a confirmar en los hechos el compromiso asumido para multiplicar soluciones habitacionales, frente a la seguidilla de tomas de tierras fiscales ocurrida el pasado mes.
Las ocupaciones se desactivaron luego de intensas negociaciones, que incluyeron a los ministros Bertoya y Pérez, y al pleno de la intendencia y del Concejo Deliberante.
Campos explicó el alcance de la decisión, en el marco de una rueda de prensa convocada también para anunciar la reestructuración de diversas dependencias municipales, con el objeto de producir un ahorro cercano a los 70.000 pesos mensuales, que llegaría los 100.000 con otras medidas complementarias.
Por caso, Campos reveló la fusión de secretarías, el cambio de oficinas y la dependencia operativa de otras, lo cual producirá un ahorro de unos 50.000 pesos mensuales. Conviene recordar que este municipio tiene un déficit estimado en 300.000 pesos mensuales, lo que condiciona la proyección de obras y la prestación de servicios.
En ese contexto y si bien está obligado por la propia normativa de creación de los fondos fiduciarios, Campos se apresuró en aclarar que el dinero coparticipado de la soja y los contratos petroleros será volcado a hacer frente al principal flagelo social que azota a esta ciudad, cual es la carencia de viviendas para vastos sectores.
Por su parte, el ajuste de gastos está en sintonía con lo que hace poco menos de un mes también anunció el viceintendente Diego Marcovesky.
En aquella ocasión, Marcovesky apuntó a sostener a los empleados de planta, pero congelando los ingresos, reduciendo al mínimo los planteles de contratados, y dejando en sus puestos sólo a aquellos profesionales cuya tarea no puede ser realizada por el personal municipal.
