NEUQUÉN (AN).- Según la información que consta en una nota que ingresó con sello delMinisterio de Desarrollo Social en los distintos juzgados de Familia de la provincia, los fondos que hacían funcionar el programa de Acogimiento Familiar Transitorio fueron fuertemente recortados, a punto tal que se adeudan dos meses del aporte que el Estado paga a quienes reciben a menores y adolescentes en sus hogares.

La nota presentada en el juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia 1 y que se replicó en todos los ámbitos judiciales con competencia en el tema, incluida la defensoría a cargo de Nara Osés, detalla la crítica situación del programa. Se afirma que desde octubre de 2008, los fondos para combustible pasaron de 1.200 a 300 pesos mensuales, un ajuste que se traduce en la imposibilidad de "efectuar tratamientos dentro y fuera del programa, entrevistas psicosociales, turnos médicos o psicopedagógicos, visitas domiciliarias y traslados para garantizar el vínculo con la familia biológica".

A partir de esa situación, la legisladora del Frente Grande, Soledad Martínez, presentó un proyecto de resolución para pedir informes respecto de la aplicación de todos los programas de la ley 2302 al ministro del área, Wálter Jonsson, y especialmente de todo lo que tiene que ver con el programa de Acogimiento Familiar. Según explicó la diputada en los fundamentos del proyecto, "innumerables organizaciones del interior han denunciado el desfinanciamiento de los programas incluidos en la 2302, especialmente en el de Acogimiento Familiar".

El programa de Acogimiento Familiar Transitorio es una derivación del antiguo Familia Transitoria y está contemplado como uno de los lineamientos de asistencia de la ley de protección del niño y el adolescente, 2302. La falta de fondos y de respaldo de parte del ministerio de Desarrollo Social al programa, según consta en la nota que presentada en la Justicia, derivó en el último mes en renuncias del "director y supervisores técnicos del programa", que comenzarían a correr a partir del 1 de abril.

En la situación de crisis, que la semana pasada se tradujo en numerosas quejas de distintos actores que intervienen en el programa, en Neuquén capital hay 219 familias alternativas que asisten a 123 niños; 135 familias extensas (conformadas por parientes de los menores) con 245 chicos y otras 15 familias de las que dependen otros 34 niños, niñas y adolescentes que, habiendo reconstruido el vínculo, siguen percibiendo un aporte del Estado para garantizar su bienestar.

Los conflictos en el programa no son nuevos, pero se agudizaron a partir de la falta de respaldo de parte de las autoridades del ministerio. Tras varios pedidos de audiencia con Jonsson y luego de recibir los cuestionamientos de las familias que no cobran el aporte del Estado provincial desde hace dos meses, los directivos del programa presentaron un renuncia colectiva que se deberá resolver en los próximos días.