VIEDMA (AV)- El Registro de Deudores Alimentarios podría entrar en virtual desuso, porque sus sanciones no implican demasiado riesgo para quienes dejan de pagar las cuotas.

Sus pocos efectos despertaron la preocupación de la Defensoría del Pueblo que pidió la intervención del Ministerio de Gobierno, pues la normativa concede al Registro Civil la facultad de administración.

La petición está relacionada con el origen de su creación, que apunta a vedar a los morosos el acceso a cargos públicos. La intención del defensor adjunto, Ignacio Gandolfi, es que se cumplan los preceptos de cara a las elecciones legislativas nacionales convocadas para el 28 de junio.

El funcionario del área de control puso como ejemplo que "si bien el 95% de los hijos de matrimonios separados viven con sus madres, las estadísticas demuestran que un 70% de las familias damnificadas se vean obligadas a gastos judiciales por el incumplimiento".

Argumentó además que pueden tomarse a estas demoras como un "modo de violencia familiar".

De acuerdo a lo que se pudo determinar, apenas dos morosos fueron inscriptos en los últimos tres años, con la consecuente publicación por medio del Boletín Oficial.

La poca operatividad está relacionada con que los castigos "se restringen exclusivamente a que los morosos no pueden ser candidatos a cargos electivos o bien se les impide que puedan ser proveedores del Estado"; explicó a "Río Negro" el titular del Registro Civil, Sebastián Tronelli.

Consideró que "no existen otros efectos coercitivos", por lo tanto la única vía que tienen las familias "es trabar embargos judiciales" e incluso los abogados "no lo tienen en cuenta".

El mecanismo había sido creado para solucionar viejos reclamos, cuando previamente, el compromiso de pago contaba con sentencia judicial.

Otras de las razones que llevaron al planteo de Gandolfi es que el incumplimiento "convierte a los chicos (afectados por la falta de pago) en más vulnerables y los victimiza".