Caminar entre las casillas de la toma 30 de Marzo, a un año del asentamiento ilegal de las primeras familias, es desolador. Obliga a pensar en que decenas de niños trascurrieron más de 365 días sin agua potable, sin electricidad, a merced del frío, del viento y la lluvia. En condiciones de extrema vulnerabilidad social y sanitaria.
Pero a la vez, es esperanzador. Porque la cuestión acerca de la titularidad de la tierra empieza a quedar de lado, gracias a la regularización de las tenencias precarias que la municipalidad viedmense está llevando adelante.
Aunque todavía no contempla a todos los casos, el registro permite inferir que en un plazo no muy lejano, con los trámites formales cumplimentados, los servicios básicos empiecen a llegar y la vida de cientos de personas sea algo más llevadera.
Los propios vecinos mediante asambleas y acuerdos están pudiendo resolver los inconvenientes que surgen cuando algún recién llegado reclama un terreno ya ocupado.
"En lugar de que se dé una pelea de pobres contra pobres, con madurez los mismos vecinos se van arreglando", relata el padre Luis García, un referente social de esta capital que ha acompañado el proceso desde sus inicios. Los funcionarios municipales continúan en su tesitura de que quienes no cumplan con los requisitos de la ordenanza no accederán a la tenencia.
"Cuando finalicemos, los que nos queden sin regularizar los enviaremos para que lo resuelva la Justicia, pero ya llevamos relevadas 12 de las 18 manzanas y cuando todo el barrio esté consolidado, iniciaremos el tendido de servicios", anuncia Roberto Arregui, subsecretario de Gobierno de la comuna capitalina.
"Nosotros no nos vamos, llevamos un año soportando todo acá. Un abogado amigo nos dijo que nadie nos puede sacar. Teníamos primero la casilla en un lugar que quedó siendo calle, la corrimos y la pusimos en otro que se determinó que era espacio verde y la propia encargada de Tierras anterior nos dijo que nos instaláramos acá. Ya no nos mueven", asegura Martín Cobelli, padre de tres criaturas y uno de los primeros en instalarse.
Más allá de estos tironeos burocráticos que probablemente vayan resolviéndose sin demasiados inconvenientes, el tema de fondo es ahora la subsistencia de estas familias, en una situación de extrema pobreza, con una precariedad habitacional absoluta, en casillas de cantonera, cartón y algunas chapas.
135 familias en la máxima vulnerabilidad
Uno de los últimos relevamientos de los que dispone el defensor del Pueblo adjunto, Ignacio Gandolfi, es el realizado por los agentes sanitarios del Hospital Artémides Zatti, quienes más en contacto están con el sector. Se informaba en ese escrito de fines de febrero que en el lugar hay un total de 382 lotes habitado por 135 familias.
Son 405 personas de las cuales 270 son adultos y 135 niños. Hay 12 de menos de dos años, 32 de entre 2 y 4, otros 34 de entre 4 y 6 y 57 de entre 6 y 14 años. El 75 por ciento de los adultos no tiene trabajo fijo, el uno por ciento cuenta con cobertura social, y el 83 por ciento no posee cobertura de los programas sociales. Cinco personas poseen problemas respiratorios, 10 discapacidades y 30 enfermedades crónicas.
PEDRO CARAM
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