MADRID (Télam, especial).- El gobierno español y el Banco de España intervinieron en la caja de ahorros de Castilla-La Mancha, a la que concederán hasta 9.000 millones de euros de financiación para afrontar sus problemas de liquidez.

La intervención de la entidad es la primera de este tipo en España, desde el inicio de la crisis financiera internacional. "La Caja Castilla-La Mancha cumplirá con todas sus obligaciones. Todos deben estar tranquilos porque sus ahorros y sus dineros están garantizados", aseguró hoy la vicepresidenta del gobierno, María Teresa de la Vega, en conferencia de prensa.

El Ejecutivo español aprobó ayer de urgencia un decreto ley con el que sustituyó al consejo de administración de la caja por tres administradores nombrados por el Banco de España, y aprobó un aval del tesoro de hasta 9.000 millones de euros para inyectar liquidez en la entidad. "La Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha es una entidad solvente, su patrimonio neto es positivo y no hay ningún agujero financiero", subrayó el Ministro de Economía, Pedro Solbes, tras la reunión extraordinaria.

No obstante, el funcionario explicó que "la entidad manchega afronta problemas de liquidez que sólo pueden ser resueltos a través de la financiación del Banco de España". "La normativa comunitaria obliga a que cuando el Banco de España lleve a cabo una financiación a una entidad tiene que estar garantizada por el Tesoro, esa es la razón de la aprobación del decreto ley del Ejecutivo", añadió Solbes. "Se trata de financiación, de un aval, y no de una aportación de capital", explicó el vicepresidente segundo. La intervención del gobierno español garantiza que la entidad "seguirá operando con absoluta normalidad", indicó Solbes.

El ministro insistió en que "el sistema financiero español es enormemente sólido", por lo que "estamos ante un hecho aislado, de significación muy limitada, ya que la CCM representa solo el 1% del sistema". Solbes afirmó luego que "no hay ninguna otra entidad en las mismas circunstancias" que CCM, aunque admitió que "nadie es inmune a largo plazo".

La última vez que el gobierno español salió al rescate de una entidad financiera fue el 18 de diciembre de 1993, cuando intervino el Banesto, una de las mayores entidades financieras de España en aquel momento.