Para sorpresa de pocos, el Senado aprobó, por 42 votos contra 26, la decisión del gobierno nacional de adelantar cuatro meses las elecciones legislativas, de este modo ahorrándole al país una convulsión política inmediata, ya que una derrota habría dejado al matrimonio gobernante en una situación sumamente precaria. Con todo, aunque incluso los adversarios de los Kirchner tuvieron buenos motivos para cohonestar la maniobra electoral oficialista, la conducta de algunos senadores sirvió para desprestigiar todavía más a la clase política nacional. Antes de iniciarse el debate en torno al tema, los dos representantes de Tierra del Fuego, José Martínez y María Rosa Díaz, anunciaron en público, con el propósito evidente de llamar la atención a su voluntad de congraciarse con los Kirchner, que a pesar de militar en ARI en esta ocasión apoyarían al gobierno, una pirueta que virtualmente todos atribuyeron a las necesidades financieras apremiantes de su pequeña provincia. Si bien la gobernadora fueguina Fabiana Ríos dio a entender que no le gustaba la postura un tanto histriónica de sus correligionarios de ARI, en su entorno se reconoce que no le queda más alternativa que colaborar con un gobierno nacional que no vacilaría en castigar a su provincia, privándola de fondos, si se animara a desafiarlo.

Puesto que otras provincias son tan vulnerables a las presiones kirchneristas como Tierra del Fuego, no extraña que para el Poder Ejecutivo nacional el trámite preelectoral en el Senado haya resultado ser más fácil que lo que algunos opositores habían previsto, pero esto no quiere decir que mientras dure la campaña los candidatos apadrinados por la Casa Rosada tendrán garantizado el respaldo de los mandatarios locales. Por un lado, éstos son conscientes de lo riesgoso que les sería subestimar el valor de "la caja" y de los beneficios que les supondría el acceso a una parte del dinero procedente de las retenciones a la soja, por el otro les es forzoso tomar en cuenta la actitud del electorado que en muchas zonas del interior querrá manifestar su bronca contra los Kirchner por su hostilidad insensata hacia el campo. Felizmente para los dirigentes del interior, es poco probable que los votantes se propongan castigarlos por lo que hicieron el jueves pasado, ya que a diferencia del conflicto con el campo que tanto contribuyó a debilitar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las polémicas en torno al adelantamiento de las elecciones legislativas no llegaron a dividir la opinión pública en dos bandos irreconciliables, pero de ahora en más tendrán que manejarse con mucho cuidado.

Los dilemas que enfrentarán los políticos del interior en los meses próximos serán espinosos. Por razones prácticas, la mayoría quiere mantener una relación civilizada con el gobierno kirchnerista, pero si bien en muchas partes del país el grueso del electorado comprende que la capacidad del gobernador y de los legisladores locales para congeniar con "la Nación" constituye una fuente de ingresos imprescindible, siempre habrá una franja que rechazará el pragmatismo así supuesto y que, en vista del clima político vigente, estará dispuesta a aprovechar la oportunidad brindada por las elecciones del 28 de junio para enviar un mensaje nada amistoso a la presidenta y su marido. Así las cosas, muchos políticos del interior se verán constreñidos a elegir entre "la caja" y el electorado. Si conforme a las encuestas de opinión el voto antikirchnerista no resultara tan poderoso como esperan los opositores más vehementes y temen algunos oficialistas, no les sería demasiado difícil solucionar el problema táctico planteado por la dependencia económica en una etapa signada por la escasez creciente, pero si surgen señales de que los candidatos comprometidos con el matrimonio pagarán un precio elevado por su "lealtad", algunos nos tendrán reservados giros tan extravagantes como los concretados por los senadores fueguinos en vísperas del voto del Senado. Por supuesto, sería mucho mejor que las maniobras de los dirigentes políticos se inspiraran en principios, no en cálculos económicos, pero en nuestro sistema las provincias dependen tanto de la voluntad del Poder Ejecutivo nacional que sería ingenuo pedirles a todos anteponer sus convicciones a sus necesidades financieras.