Al trajinado escenario en el que cada día interactúan el Estado municipal (desde su función de asegurar la convivencia social y atender los derechos de todos) y los distintos actores de la comunidad (cada uno con sus demandas e intereses), hará en breve su ingreso estelar la Defensoría del Pueblo.
El último lunes el Concejo designó como primer defensor municipal al médico Vicente Mazzaglia. La creación de la figura deriva de la última reforma de la Carta Orgánica y su efectiva implementación llega luego de un largo y polémico proceso que enfrió en parte las expectativas.
Más allá de los ejemplos disponibles en otras geografías, no es fácil imaginarse qué cambios podrá introducir la Defensoría a nivel local en la dinámica de la administración pública.
Muy poco aportan en ese sentido las definiciones de la propia Carta Orgánica, que atribuye al defensor la misión de "defender y proteger los derechos, garantías e intereses concretos y difusos, de los individuos y de la comunidad (...), ante hechos, actos u omisiones de la administración".
La ordenanza regulatoria que fue aprobada hace dos años le confiere además el derecho a pedir informes a cualquier área del municipio, cuyos funcionarios y empleados tendrán "deber de colaboración" con las investigaciones del defensor.
También podrá sugerir modificación de normas, cuando las encuentre injustas o disfuncionales, y deberá formular denuncias penales si topa con conductas "presumiblemente delictivas".
Lejos de impresionar como las herramientas de un fiscal implacable destinado a enderezar "abusos, discriminaciones o arbitrariedades" del poder, el defensor del Pueblo no podrá desplegar más acciones que las permitidas a cualquier ciudadano. Ni hablar de las que tienen a su disposición los concejales o el Tribunal de Contralor, que también pueden inquirir, interpelar, pedir informes con plazo perentorios, denunciar en la Justicia y hasta remover funcionarios.
Más apropiado entonces es entender a la Defensoría como un modesto espacio que se ofrece a "tender puentes" entre el vecino de a pie y la administración municipal, tantas veces inalcanzable. No mucho más que eso.
El propio Mazzaglia -lectura mediante de la farragosa ordenanza que encuadrará su actividad- dijo que al detectar irregularidades de cualquier tipo no podrá ir más allá de emitir "recomendaciones" o bien formular la denuncia en Tribunales, si encuentra un posible delito.
Aclaró de paso que aspira a "abrir canales de participación" y no se imagina de antemano como un "permanente acusador".
El ex convencional municipal Rodolfo Rodrigo, difundió en estos días una nota en la que evoca los picados futboleros de su infancia jacobacina y recuerda que un día se les ocurrió nombrar un capitán. "Y lo hicimos. El más pensante de todos, el Chino Sepúlveda, preguntó -¡Che, qué es lo que tiene que hacer el capitán? Ahí caímos en cuenta que no sabíamos para qué lo designamos. Pero el entusiasmo era la designación".
Refiere luego Rodrigo que si bien Bariloche ya tiene su defensor del Pueblo, "ni el designado sabe todavía cómo operan sus funciones, cuál es su límite, cuáles son las facultades", dado que la Carta Orgánica sólo fija un concepto general y la ordenanza 1749/07, "no dice ni media palabra sobre la reglamentación de la actividad".
No aclara el ex convencional qué funciones específicas se imagina, más allá de recibir y encaminar los reclamos que surjan de la comunidad. Está visto que donde ya funciona, las atribuciones de la Defensoría se caracterizan por su vaguedad.
Y en muchas partes también (a lo que el municipio local no escapa) su instauración respondió al impulso de ofrecer un supuesto paso adelante en el terreno de la democracia moderna y participativa, con el bienvenido efecto secundario de evitar las demandas directas sobre los responsables del gobierno.
Con mayor o menor reglamentación, es exagerado de antemano pretender del Defensor algo más que simples declaraciones calificadas sin ningún efecto práctico, salvo cuando la repercusión mediática de sus impugnaciones logren cambiar alguna conducta.
Mazzaglia deberá lidiar con este contexto, enturbiado también por quienes ven los 250 mil pesos presupuestados para la Defensoría como un dispendio innecesario para un municipio en emergencia.
Basta con repasar la demanda habitacional, la contaminación del lago, los conflictos con el transporte
y las quejas por el aumento de tasas para comprobar que tendrá trabajo de sobra. De su desempeño dependerá que la Defensoría, aun con los límites del caso, no sea sólo un espacio de catarsis.
DANIEL MARZAL
dmarzal@rionegro,com.ar
