NEUQUÉN (AN) - El gobierno de la presidenta chilena Michelle Bachelet evalúa enviar al país a un miembro de la comisión de derechos humanos, para interiorizarse de la marcha de las investigaciones de los restos humanos hallados semanas atrás en una fosa común en Chos Malal, ante la presunción de que se trataría de ciudadanos chilenos, víctimas de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet. Dentro de las posibilidades se cuenta también que puedan ser chilenos que ingresaron al norte neuquino para contrabandear, un práctica común hace 40 ó 50 años.
Los diputados respaldaron el trabajo de los científicos argentinos que están abocados a determinar si los restos encontrados en un predio que perteneció a Gendarmería Nacional, son de perseguidos políticos de la década del 70, en el marco del Plan Cóndor.
La voluntad de los organismos trasandinos de acompañar los trabajos investigativos fue transmitida a los dirigentes de una organización no gubernamental de esta ciudad, que viajaron especialmente a Chile para interiorizarlos de la situación, manifestarles la preocupación de trasandinos los residentes en la zona porque no se manifestaron públicamente ante el hecho y solicitarles que colaboren con las autoridades argentinas.
La delegación que viajó a Chile estuvo encabezada por Jorge Muñoz Villagrán, quien fue el encargado de informar sobre los resultados de las gestiones.
"Visitamos a funcionarios de distintos organismos y el saldo fue positivo porque les informamos de manera directa sobre el descubrimiento de los restos, los trabajos de los forenses y particularmente les hicimos algunos planteos", dijo Muñoz.
Dijo que le manisfestaron "nuestra preocupación por la tardanza del Gobierno y el Estado de Chile, en hacerse presentes públicamente ante el hecho, de manera especial en el plano político"
Reconoció no obstante que comisión de derechos humanos de Bachelet ya tenía en su poder un informe preliminar sobre el rescate de los restos, que el había enviado el equipo de antropología forense de Argentina. "Nosotros sabíamos extraoficialmente que peritos del Instituto Médico Legal de Chile había intercambiado información con los forenses argentinos, pero desconocíamos que habían recibido el informe", señaló.
Muñoz indicó que plantearon que hicieron fue que "ante la hipótesis de que los restos encontrados pudieran pertenecer a ciudadanos chilenos, el Gobierno de Chile no podía quedarse esperando que desde Argentina les confirmaran dicha hipótesis y, más bien, debía contribuir decididamente, con todos los recursos a disposición, al esclarecimiento".
Añadió que le dijeron a las autoridades trasandinas que "lograr la verdad y la justicia en este hecho sólo se alcanzará con la más amplia colaboración de todas las personas y organizaciones involucradas pero, esencialmente, a quienes les compete por estar en la administración del Estado o desempeñarse en áreas que los Estados tienen para afrontar estos hechos". Solicitaron una mayor presencia del gobierno y el estado chileno en el tema, entre otros motivos, porque en esta región es donde se registra la mayor concentración de ciudadanos chilenos en el exterior.
