SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Mientras acumulaba un déficit inmanejable que hoy lo obliga a declarar la emergencia económica, el municipio mantuvo durante un año una liquidación errónea en la Tasa de Servicios que le restó ingresos por más de 4,6 millones de pesos.
La falla en la aplicación del gravamen benefició a comercios, industrias y hoteles de la ciudad, que debían pagar una alícuota mayor a la dispuesta para las demás categorías de contribuyentes.
A pesar de esa prescripción, fijada con toda claridad en la ordenanza que impuso la última actualización de la tasa, el municipio les cobró la tasa en forma gradual e indistinta a todo el universo de contribuyentes, sin aplicar la tasa plena desde el primer vencimiento a los comercios como corrspondía de acuerdo a la norma. Para agravar las cosas, tampoco les cargó el coeficiente diferencial que apuntaba a dotar de "progresividad" al gravamen.
La responsabilidad en el error abarca tanto al gobierno del ex intendente Darío Barriga (SUR) como a su sucesor Marcelo Cascón (UCR).
Varios concejales ya habían advertido en mayo sobre la mala aplicación de la tasa, que recién fue subsanada en el segundo vencimiento de este año.
El Tribunal de Contralor no formuló cuestionamiento alguno, aunque uno de sus miembros, Oscar Cannizzaro, señaló que el lunes enviarán al Ejecutivo un pedido de informes sobre el tema. Observó a priori que, más allá de la complicación administrativa, "no había razones para demorar tanto" la aplicación correcta de la tasa.
El secretario de Economía, Federico Lutz, admitió que a los comercios les fue facturado durante varios meses un importe mucho menor al fijado por la ordenanza 1.800/CM/08.
En contra de la opinión de algunos contadores, Lutz dijo que no se trata de un dinero irrecuperable. Aseguró que a raíz de esa omisión "el municipio acumuló una acreencia que deberá cobrar" y dijo haber encomendado las correcciones al área de Cómputos.
Las cuentas municipales sufrieron durante el año pasado un progresivo deterioro, que derivó en el aumento de la deuda con los proveedores y el recurrente empleo del descubierto bancario -a un altísimo costo- para cubrir los sueldos y otras urgencias. Al mismo tiempo, facturó de menos a los comercios durante varios meses, al punto de acumular un desfase de 4,6 millones.
Las habilitaciones comerciales de Bariloche son alrededor de 5.000 y la tasa promedio que pagaban antes del aumento era de 70 pesos bimestrales. A partir de esos datos, es posible calcular que de haber aplicado el aumento pleno como indica la ordenanza, el municipio tendría que haberles facturado 5,4 millones de pesos entre las cuotas 2 y 6 del 2008. Pero la facturación real por aplicación del beneficio indebido fue de apenas 3,72 millones. A esa diferencia de 1,7 millones es necesario agregar el coeficiente que Economía también omitió a lo largo de seis vencimientos, por un monto de 2,98 millones.
