Hace casi veinte años, Carlos Menem desató un escándalo memorable cuando se negaba -gritando con desesperación "es mía, mía"- a deshacerse de una Ferrari Testarossa que le había regalado un empresario por su condición de presidente de la República, razón por la que pertenecía al Estado nacional. Huelga decir que Menem dista de ser el único político al que le ha costado distinguir entre lo propio y lo público. Desde que iniciaron su carrera conjunta en Río Gallegos, Néstor Kirchner y su esposa se han habituado a usar los bienes del Estado no sólo para sus actividades partidarias, lo que es ilegal, sino también para fines netamente personales. Así las cosas, no ha ocasionado sorpresa alguna la denuncia -otra más- formulada por el abogado Ricardo Monner Sans que se vio motivada por el empleo por Néstor Kirchner de un helicóptero de Gendarmería para sus viajes proselitistas por el conurbano bonaerense. Parecería que a juicio de buena parte del país es perfectamente natural que el presidente del PJ haya hecho de la quinta presidencial de Olivos una Unidad Básica y que le haya sido dado usufructuar los bienes públicos, trátese de edificios, aviones o coches blindados, además de tener a su disposición los medios de difusión estatales. En una democracia madura, los jefes de Estado se ven obligados a diferenciar rigurosamente entre la función así supuesta y su rol como líderes partidarios, pero aquí no tienen de qué preocuparse, ya que el grueso de sus simpatizantes comparte sus principios patrimonialistas mientras que sus adversarios se han resignado a lo que suponen es una realidad inmodificable.

Ya se ha iniciado la campaña legislativa en que el ex presidente Kirchner espera desempeñar un papel decisivo, de suerte que convendría que los interesados en que se respeten ciertas reglas democráticas fundamentales tomaran muy en serio el aprovechamiento por parte del matrimonio gobernante de la voluntad ajena de permitirle continuar haciendo uso de los bienes públicos para fines personales y partidarios. Antes de las elecciones presidenciales del 2007, la candidata oficialista, Cristina Fernández, no tuvo empacho en poner el Estado al servicio de su campaña, lo que le brindó una ventaja enorme sobre sus rivales. En vista de que los Kirchner claramente creen que el domingo final de junio -o de octubre, si para asombro de casi todos el Senado opta por rebelarse nuevamente- estará en juego la supervivencia de su gobierno, puede preverse que traten de cometer todavía más abusos en tal sentido de lo que fue el caso dos años atrás cuando conforme a las encuestas Cristina derrotaría a sus contrincantes por un margen muy amplio.

Cuando es cuestión de un presidente, a menudo es difícil separar sus funciones oficiales de las partidarias o meramente personales, pero puesto que Néstor Kirchner no cumple ningún papel formal en el gobierno nacional -a menos que uno reconozca como tal el de "primer caballero"- impedirle echar mano a los recursos del Estado no debería plantear ningún problema jurídico. Mal que le pese, en buena lógica no tiene derecho alguno a disfrutar de los beneficios que le supone disponer de lo aportado por los contribuyentes, incluyendo, desde luego, a la mayoría que quisiera ver reducido su poder para que coincidiera con el previsto por la Constitución. A partir de diciembre del 2007, es sólo un líder partidario más y por lo tanto debería limitarse al uso de los recursos suministrados por sus correligionarios y por los dispuestos a aportar dinero para las campañas electorales provinciales en las que se siente obligado a participar. En cuanto a la contribución estatal a las arcas del Frente para la Victoria, sólo le correspondería lo que según la legislación vigente podría merecer por ser el líder de una facción partidaria importante. ¿Logrará la oposición, con la ayuda de la Justicia, en esta ocasión hacer valer la ley? Es posible pero, por desgracia, no demasiado probable, ya que desde hace muchos años la cultura política de nuestro país es tan netamente patrimonialista que suelen ser considerados excéntricos irremediables aquellos que insisten en la importancia de que todos, por poderosos que fueran, se vean constreñidos a acatar las reglas.