NEUQUÉN (AN)- Veinte postulantes a las fiscalías de Delitos contra la Administración Pública y de Delitos Violentos contra las Propiedad rindieron ayer examen escrito y hoy rendirán el examen oral, en la segunda de las tres etapas de evaluación instrumentadas por el Consejo de la Magistratura.
El concurso para cubrir la titularidad de estas dos estratégicas fiscalías es el que tiene mayor cantidad de inscriptos de todos los que ha convocado el Consejo de la Magistratura. Cuatro anotados desertaron por diferentes razones.
La mayoría se inscribió para concursar por los dos puestos, algo que permite el reglamento. Hasta ahora, y en base a los antecedentes, el orden de mérito para ser fiscal de Delitos contra la Administración Pública (la llamada "fiscalía anticorrupción") lo encabeza Ignacio Di Maggio. En los primeros puestos lo siguen Horacio Maitini, Marcelo Silva, María Erezuma y Mariana Córdoba. Hay apenas 2 puntos de diferencia entre el primero y el quinto puesto.
El orden de mérito se repite en la fiscalía de Delitos Violentos contra la Propiedad (como su nombre lo indica, se ocupa de los robos) salvo que encabezado por Maitini, ya que Di Maggio no se anotó para este concurso.
Para esa instancia se convocó como jurado académico externo al abogado cordobés Gustavo Vivas Ussher. Jurados locales son el fiscal de la Cámara de San Martín de los Andes, Fernando Rubio (para el concurso de Delitos Violentos contra la Propiedad) y el camarista Carlos Sierra (para Delitos contra la Administración Pública).
Los resultados de los exámenes se promediarán con el puntaje obtenido por los concursantes por sus antecedentes.
Por último, los integrantes del Consejo de la Magistratura tendrán la decisiva entrevista personal con los candidatos (aún no tiene fecha), que también otorga puntaje, y establecerán el orden de mérito definitivo promediando las tres instancias de evaluación.
Los pliegos de los ganadores irán a la Legislatura en busca del respectivo acuerdo para poder asumir.
La fiscalía de Delitos contra la Administración Pública no tiene titular desde que Pablo Vignaroli fue ascendido a fiscal de Cámara en 2006, aunque mantiene la supervisión.
En cuanto a Delitos Violentos contra la Propiedad, está vacante desde la designación de Richard Trincheri como camarista en 2007.
