Para decepción de los que hasta hace poco creían que merced a la proliferación de líneas de crédito baratas el FMI podría desmantelarse, puesto que se suponía que los mercados financieros serían más que capaces de solucionar los problemas de gobiernos en apuros, la crisis internacional ha mostrado que el mundo todavía necesita contar con sus servicios. Entre sus clientes en potencia está la Argentina. Por ahora, nuestro país está en condiciones de saldar sus deudas, pero el año que viene se enfrentará con muchas dificultades, razón por la que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya está pensando en cómo reconciliarse con una entidad que ocupa un lugar destacado en su lista de enemigos de la Patria. Según parece, la forma elegida consiste en atribuir las eventuales reformas del FMI a la prédica del ex presidente Néstor Kirchner aun cuando sea poco probable que el organismo acepte prestarnos grandes sumas de dinero sin insistir en por lo menos algunas condiciones. Si bien los líderes de los países que suministrarán el grueso de los recursos que repartirá el FMI presuntamente rejuvenecido dicen estar a favor de más flexibilidad, sorprendería que se resignaran a dejar todo en manos de personas que a su juicio son poco confiables.

Por desgracia, nuestros gobernantes se encuentran en la categoría así supuesta. No sólo es cuestión de la corrupción rampante sino también del manejo escandaloso del INDEC. Con la hipotética excepción del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, nadie, ni aquí ni en el exterior, podría tomar en serio las estadísticas confeccionadas por un organismo que antes había disfrutado de prestigio internacional. De resultas de la decisión de Néstor Kirchner de manipular las estadísticas, se ha ampliado tanto la brecha entre el estado real de la economía nacional según la mayoría de los analistas privados y la versión oficial que en el caso de que el FMI pensara en la conveniencia de ayudarnos, sus técnicos no tendrían más alternativa que la de emprender una investigación detectivesca exhaustiva que con toda seguridad molestaría mucho al gobierno. He aquí, sin duda, el motivo principal por el que el vocero económico de Néstor Kirchner, Carlos Fernández, anda por el mundo afirmando que de ahora en adelante el FMI debería prestar dinero sin condicionamientos de ninguna clase.

El final desastroso de la convertibilidad contribuyó mucho a desprestigiar al FMI. En aquella ocasión no fue criticado por haber exigido un ajuste draconiano sino por no haber actuado con mayor firmeza antes de que la Argentina se precipitara en el caos. La actitud del gobierno kirchnerista, que hizo suya dicha tesis, es contradictoria: quisiera que el FMI fuera tan tolerante con sus propios errores como, en opinión del ex presidente y su sucesora, lo fue con los cometidos por la Alianza y el presidente Carlos Menem, aunque el presunto aporte del FMI a la catástrofe consistió precisamente en haber permitido que el país se aferrara a un esquema destinado a fracasar.

Frente a situaciones como la imperante en el 2001, el FMI se ve ante un dilema muy pero muy espinoso: si, como es su costumbre, pide un ajuste feroz a cambio de su ayuda, será criticado por su falta de sensibilidad social y por no entender la realidad política de países como el nuestro; si presta sin condicionamientos, será acusado de provocar las consecuencias previsibles de una política económica excesivamente laxa. Puesto que no hay ninguna manera en que el FMI pueda desempeñar un papel que resulte satisfactorio desde el punto de vista tanto de gobiernos que se resistan a mantener bajo control el gasto público como de quienes suministran el dinero que utiliza, las reformas previstas, por drásticas que fueran, no cambiarían mucho. Por cierto, si los gobiernos de los países subdesarrollados consiguieran tener más poder en el directorio, lo más probable sería que se multiplicaran casos como el de la Argentina cuando la convertibilidad se hacía insostenible, ya que en nombre de la "flexibilidad" se sentirían obligados a prestar más dinero a países cuyos líderes no quisieran, o no pudieran, arriesgarse procurando obrar con un mínimo de responsabilidad fiscal y que en consecuencia necesitarían préstamos cada vez mayores hasta que por fin chocaran contra un límite infranqueable.