El titular del Comfer, Gabriel Mariotto, sostuvo ayer que el proyecto de Ley de Radiodifusión que el gobierno anunció que enviará al Congreso, "cambiará 180 grados las comunicaciones" ya que el Decreto Ley en vigencia "será modificado completamente".

"El decreto ley de 1980 es de la dictadura y no debe seguir", aseguró Mariotto, quien criticó: "Si hace 25 años estamos en democracia y no pudimos discutir el diseño de comunicación ajustándonos a los derechos humanos, es que estamos en un problema".

Un amplio arco de la oposición salió a adelantar su rechazo al proyecto, por considerar que atenta contra la libertad de expresión, y denunciar que en realidad apuntaría a un mayor control de las opiniones mediáticas.

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó específicamente la inclusión de la posibilidad de revisar las concesiones cada dos años, lo que calificó como una "extorsión".

En declaraciones a una FM porteña, Mariotto estimó ayer que "la comunicación no deber ser sólo una actividad comercial sino también una vía para aquellos que trabajen sin fines de lucro".

"La idea es que no se permita la conformación de monopolios, para propiciar el ingreso de nuevos actores. La propuesta habilitaría a empresas de servicios públicos, cooperativas y otras organizaciones sin fines de lucro", amplió.

Mariotto indicó que la sanción de la norma tendría "repercusión en el bolsillos de los usuarios, por ejemplo, en el costo del servicio de cable".

Por otra parte, el titular del Comfer aseguró que, con esta iniciativa, "el gobierno no va contra nadie sino contra una posición dominante en el mercado y contra la actividad monopólica de cualquier empresa". El jueves último, la presidenta Cristina Fernández presentó el anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el objetivo de "que todos los argentinos tengan derecho a la expresión y a la información", según declaró.

La iniciativa, basada en los 21 puntos redactados por la Coalición Democrática y consensuado entre las partes interesadas durante el último año, será debatido durante 60 días y luego elevado al Congreso para su tratamiento. La jefa de Estado apuntó que el proyecto "es un instrumento jurídico que va a permitir debatir sobre un tema central, que es la posibilidad de que todos los argentinos tengan derecho a la expresión y a la información". (DyN)