NEUQUÉN (AN).- La vida teje hipérbolas interesantes. Más de 30 años después de que Pablo Bohoslavsky fuera víctima del poder represivo del gobierno de facto, su hijo Juan Pablo Bohoslavsky obtiene reconocimiento internacional desarrollando innovadoras teorías jurídicas sobre un aspecto poco explorado de las dictaduras: su financiamiento y poder económico. Esta semana, una demanda civil fue presentada en un Juzgado Federal de la Capital Federal por una hija de desaparecidos, invocando una figura desusada para el Derecho doméstico: los bancos que financiaron la junta militar argentina (1976-1982) deben ser responsables por haber ayudado al régimen a cometer crímenes de lesa humanidad. Ese reclamo es el primero de una serie de demandas en diferentes jurisdicciones, todas imputando a bancos extranjeros complicidad por haber financiado el régimen militar.

Invocando diversas normas y antecedentes internacionales y norteamericanos, entre los que se encuentra la jurisprudencia del Tribunal de Nüremberg, que condenó a los empresarios alemanes que donaban dinero a la SS porque facilitaban el funcionamiento de dicha organización, las víctimas reclaman que se condene a los bancos que otorgaron elevados volúmenes de créditos a la dictadura argentina a reparar los daños personales sufridos en concepto de "responsabilidad por complicidad corporativa".

Una de las demandantes en esa causa, María Elena Perdighe, hija de Graciela Sagues, de Cipolletti -desaparecida- y de Victorio Perdighe, estudiante de derecho, militante en la juventud peronista y, según se sabe, asesinado en un falso enfrentamiento.

"Quiero saber quién le daba la plata a la junta militar que gobernaba un país quebrado, pero que podía pagarle el sueldo a los asesinos de mis padres y comprar máquinas para torturarlos", dijo María Elena en el planteo judicial.

La presentación se sostiene en una investigación sobre el tema que están realizando la directora del Programa de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva Cork, Veerle Opgenhaffen, y el abogado Juan Pablo Bohoslavsky.

Respecto de la demanda Bohoslavsky comentó que "este proceso tiene una base legal en línea con los reclamos que las víctimas del Holocausto en la década de los '90 interpusieron contra los bancos de sus verdugos, para que se hicieran cargo de su rol de facilitador del régimen nazi".

Añadió que el argumento sigue la "misma lógica que en estos días se le aplica a los bancos en la lucha contra el terrorismo: el que financia los delitos puede ser responsable".

El abogado señaló que las víctimas les imputan a los bancos que, de acuerdo con los informes públicos del gobierno de los Estados Unidos y de ONG de derechos humanos y en diarios internacionales, conocían la gravedad de la situación en la Argentina y que los préstamos que le otorgaban a la burocracia estatal en general, y particularmente la militar, financiaban las actividades que derivaron en la ejecución de los secuestros, detenciones y crímenes.