Es jueves. La soleada y bella tarde cae en Chichinales. Nadie la disfruta. Cientos de docentes desalentados sostienen el corte de la ruta. Ajenos y sufridos automovilistas se resignan.

En Viedma, funcionarios y gremialistas ocultan una reunión con más urgencias que posibilidades. Husmean forzar acuerdos. Demasiado tarde.

Pasaron cuatro semanas sin clases.

En Olivos, el gobernador Miguel Saiz camina los cuidados jardines presidenciales. Concurrió al llamado de Néstor Kirchner y fue escolta de Cristina Fernández en el anuncio de un Fondo Federal con la retención de la soja. Goza del hábitat kirchnerista y de la lejanía del enredo docente.

Saiz es el mayor atasco en el camino a la resolución del conflicto.

Entiende a la política con visión estática y lineal. Cree que la realidad es invulnerable al paso del tiempo.

"Me dijeron que no había plata, no va a ser cosa que ahora aparezca", lo retó el lunes al secretario de Hacienda, Ricardo Gutiérrez, frente a legisladores y funcionarios. El recado era para el contador Pablo Verani, ausente. Aquél sólo buceaba instrumentos financieros frente al auditorio de media docena de partícipes: el vicegobernador Bautista Mendioroz, los diputados Iván Lazzeri, Adriana Gutiérrez, María Inés García, Daniel Sartor y Carlos Sánchez, con el ministro César Barbeito y el secretario general Francisco González.

"No trabajan, no cobran", desafió también para reafirmar su decisión del descuento de los días de paro. Los testigos aceptaron que en Saiz nada se modificó. A pesar de esa obsesión, el resto delineó alternativas.

Nadie puede ignorar o esconder lo que se ve: no empezaron las clases en Río Negro y el conflicto lleva un mes. Algo habrá que hacer.

La Unter quiere irse de las rutas, pero faltan planes oficiales. Algunos no saben y otros recién se animan a contradecir la intransigencia de Saiz. Esta semana se dieron tres actos de negociación, pero el gobierno asistió con distintos mediadores. Se entiende que el gremio se queje por la ausencia de un interlocutor válido. El gobernador no quiere ofrendar ninguna salida. La escapatoria emanará de otra parte del poder.

Así, esta semana, un grupo del oficialismo convergió en el asunto docente. El jueves, las carpetas comprendían bosquejos caracterizados en el desfinanciamiento provincial, que incluían subas en vales para los estatales, con montos de 200 a 250 pesos, y un tope en los 3.000 pesos.

Un encuentro reservado sirvió para sondear a la conducción gremial. El contador Verani y el paritario Alejandro Betelú recibieron a Pedro Bichara y Héctor Rondallo. Además, participaron los diputados Sartor y Adrián Torres. La historia encorseta a la Unter, que siempre condenó el pago en tickets, y los funcionarios prometían su temporalidad hasta recuperar recursos.

El tránsito oficial concluía en una oferta y la quita por los paros quedaba pendiente. Educación cerrará esta semana su liquidación de marzo. Saiz se aferra a los descuentos. La mayoría de los docentes tendrá retenciones del 40 al 50%.

Esa situación es inviable para un acuerdo. ¿La Nación ofrecería una solución? Sí, el Ministerio de Trabajo podría decretar la conciliación obligatoria y restringir aquellos descuentos.

Llegó el anuncio presidencial y modificó el escenario.

La prometida inyección de recursos a Río Negro transparentó la existencia de una propuesta. Se considera ahora que el pago será en efectivo, abandonando los vales para un análisis adicional.

La coparticipación al Estado provincial por la retención de soja sería de ocho millones. Alcanzaría para una suma fija no remunerativa de 200 pesos para cada estatal. Es muy probable que esa teoría se traduzca en la noticia gubernamental.

El diseño definitivo será presentado mañana por Verani y Barbeito en el gabinete. Saiz ya estará notificado, pero el detalle más imprudente es el progreso de las discordias internas.

La faena gubernamental no es inmune a los riesgos políticos. El mayor peligro consiste en que el gobierno siga mezclando cosas diferentes y que el conflicto quede en manos de la intriga, a la cual todos aluden y nadie obra.

El viernes, Verani admitió que los nuevos recursos nacionales permitirían más fondos para la masa salarial, mientras que González salió públicamente para aclarar que la partida federal tenía un destino específico: obras públicas. La disputa queda reducida a los dueños de la solución.

Ese enfrentamiento proyecta también dudas a la utilidad del decreto de ajuste. La norma -que fija reducción de subsidios, viáticos y contratos- la presentó Saiz pero se gestó en la cartera de González. Hacienda no participó. Este origen se traduce hoy en defensores y críticos. Se anunció hace 10 días y, aún la emergencia expuesta, no tiene vigencia, pues carece de reglamentación.

Hacienda detecta la revancha. Antes, el 1 de marzo, el gobernador declaró que Río Negro tendría una caja unificada de cuentas bancarias para evitar costos financieros, recuperando un pedido de Verani de año y medio. El trámite sigue dando vueltas por aquellas mismas pugnas. Un dictamen del secretario de Empresas Públicas, Gabriel Savini, cuestionó la facultad pretendida por Hacienda en el manejo de los fondos.

El gobierno consolida un crédito sustancial: transformar cualquier tema técnico de gestión en una trama política. Saiz ya no sólo tiene un simple dilema de su irresolución, sino que también enfrenta los enmarañados forcejeos domésticos.

Algo tendrá que dejar hecho antes de iniciar el miércoles su acostumbrada travesía al exterior por la asamblea del BID, que este año será en la pintoresca ciudad colombiana de Medellín. Deberá fijar lineamientos para zanjar el atolladero docente pero, además, recuperar el consenso entre su propio equipo.

Ese jaleo puede consumir las perspectivas que alienta la coparticipación sojera. Saiz se va y, posiblemente, deje a todos sumidos en esa pasión desmedida por la política interna.