Hace casi un año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner intentó quitarle apoyo al campo afirmando que la plata procedente de las retenciones a la soja que tenía en mente iría a hospitales, escuelas, viviendas sociales y así por el estilo. Aquel intento de hacer de los productores rurales los malos nada solidarios de su película particular fracasó por completo. ¿Funcionará mejor el supuesto por la decisión de destinar el 30% del dinero aportado por las retenciones a los gobernadores provinciales y los intendentes? Es posible, ya que la mayoría está en apuros financieros debido en parte al centralismo asfixiante de un gobierno que nunca ha vacilado en usar "la caja" para premiar a los amigos y castigar a quienes no lo son, pero por tratarse de una maniobra electoralista tan flagrante su incidencia en la intención de voto podría ser escasa. Aunque para la presidenta y su marido la prioridad actual consiste en impedir que los gobernadores provinciales y los intendentes del conurbano bonaerense sigan alejándose del "proyecto" matrimonial, los votantes tendrán la última palabra. Para que la innovación influyera de manera decisiva en el estado de ánimo de la ciudadanía, tendría que producir resultados casi inmediatos, antes del 28 de junio, pero sucede que tanto en nuestro país como en otros suelen demorarse en hacerse sentir los efectos de los "paquetes de estímulo" con los que los gobiernos están tratando de reactivar sus economías respectivas.

Por motivos comprensibles, los dirigentes rurales han tomado la iniciativa del gobierno por una nueva declaración de guerra. Les interesa menos el destino hipotético de lo que para ellos es un impuesto leonino injusto que el impacto que ha tenido la gabela sobre sus propias actividades. También saben que desde que estalló el conflicto, el gobierno kirchnerista ha estado buscando el modo de separarlos del resto de la sociedad, dando a entender que el campo es un reducto de oligarcas golpistas codiciosos que sólo quieren depauperar a los demás. No sorprende, pues, que los ruralistas hayan reaccionado con dureza frente a lo que el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, calificó de "una trapisonda política" que en su opinión fue motivada por nada más que la malicia. Asimismo, la medida les pareció confirmar que el conflicto con el campo sigue obsesionando tanto a los Kirchner que están procurando hacer de él el eje de la política nacional. El año pasado, la campaña febril del gobierno contra los productores rurales le costó buena parte de su capital político, pero es de suponer que cree que en esta ocasión le servirá para recuperar el terreno que perdió.

Mucho dependerá de la lectura que haga la ciudadanía en su conjunto de una medida coparticipativa que, si bien puede considerarse razonable, debería haberse tomado varios años atrás. Lo que para algunos será una señal de que por fin el gobierno ha entendido que es necesario prestar atención a las necesidades de las provincias, para otros será un síntoma de debilidad.

Al igual que la decisión de adelantar las elecciones por prever que en octubre el electorado estaría menos dispuesto a votar por los candidatos oficialistas que en junio, la de abrir la caja para que los mandatarios provinciales y los intendentes puedan acceder a una parte de su contenido se debió a la conciencia de los Kirchner de que a menos que cambiaran radicalmente su forma de gobernar les aguardaría una derrota contundente en las urnas. Por tratarse de una pareja que ha construido poder en base a la caja, repartir el 30% de lo recaudado gravando las exportaciones de soja constituye una concesión significante, pero son tan apremiantes las necesidades de muchos distritos del interior del país que el dinero resultante no bastará como para aliviarlos por mucho tiempo. Por lo tanto no extrañaría que, después de formular las manifestaciones de gratitud iniciales, los gobernadores e intendentes volvieran para pedir más que les permitiera pagar a tiempo los aguinaldos de los estatales que, bien que mal, tendrían que abonarse justo en vísperas de las elecciones legislativas que, a juicio del gobierno kirchnerista, son tan importantes que iría a virtualmente cualquier extremo para ayudar a sus candidatos a arañar más votos.