Como legisladora integrante de la Comisión de Educación creo necesario dar a conocer mi opinión sobre la crisis educativa en Río Negro, más antigua que el actual conflicto, y correlato de la crisis provincial que hoy expone su desnudez en el desfinanciamiento de las áreas sustantivas, esenciales, como la educación, la salud y la vivienda principalmente.

No es ocioso recordar que la ley 26.206 de Educación Nacional fue precedida por la ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo, que establece la meta del 6% del PBI exclusivamente para Educación.

Se inicia de ese modo en el 2007 una nueva era que contiene al territorio nacional como jurisdicción y una equiparación ascendente de las condiciones educativas que, incluyendo el salario de los docentes, significará una inversión que al 2010 debe representar el 6% del PBI.

Las paritarias nacionales docentes fueron restituidas en virtud de la sanción de esa ley nacional de Educación, en diciembre del 2007 y luego de décadas de haber estado suspendidas.

La ley establece que las paritarias fijarán el piso salarial docente en todo el país para lo que se denomina el "cargo testigo", es decir: el docente que recién inicia su carrera y que tiene un solo cargo.

Luego, cada provincia tomará el valor fijado en la paritaria nacional y discutirá con los sindicatos en su propia jurisdicción, tomando el valor que surja de la paritaria como referencia y estableciendo así el nuevo mínimo en cada jurisdicción.

Así, el sueldo testigo del docente era de 1.040 pesos y se negoció un incremento del 24%, con lo que el valor nacional quedó en 1.290 pesos (2008) y en 1. 490 pesos (2009), aunque luego muchas provincias dieron aumentos por encima de ese valor. Además de fijar este piso salarial, el gobierno nacional se comprometió a contribuir con el pago adicional de $ 330 en concepto de tres cuotas extraordinarias del incentivo docente, que los maestros cobrarán en seis pagos, entre julio y diciembre

En tanto, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán debieron ser asistidas por Nación con el Fondo Compensador para adecuar sus mínimos a lo que se había fijado a nivel nacional, mecanismo que establece la ley de Educación.

Es importante recordar que mientras otras provincias sanean su situación económico financiera a partir del 2003 y siguientes, en Río Negro se prorroga la emergencia. Estas diferencias permitirán caer en la tentación facilista de exigir a quien no corresponda.

En los años de crecimiento que experimentó la economía nacional desde el 2003 al 2008, se fueron acercando las metas propuestas en la mayoría de los distritos y en el país.

Sin embargo, el proceso de Río Negro fue inverso. A pesar de su estructura productiva y de servicios, de sus riquezas naturales, sólo se verificó el ensanche de la deuda pública, que equivale hoy casi a un presupuesto, y simultáneamente la precarización del empleo y la pérdida del salario.

Si lo remitimos al aspecto salarial, en la educación podemos señalar al menos tres pérdidas importantes:

1) Mientras en el 2007 y el 2008 la mayoría de las provincias lograron incorporar al básico las sumas que estaban en negro, pese a las promesas gubernamentales de blanquear el básico, lo cierto es que en Río Negro no se produjo ese blanqueo y hoy los docentes tienen el sueldo básico más bajo del país.

2) La zona es un adicional que perciben como un porcentaje del básico y que, por ende, queda en Río Negro subsumido a los resultados de la negociación paritaria.

3) La deslegitimación institucional del ámbito paritario, que fue también correlato de la cada vez más debilitada presencia del ministro de Educación, el desdibujamiento del Consejo de Educación y el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos alcanzados.

Durante el debate del presupuesto 2009, que fuera aprobado por mayoría en la Legislatura rionegrina, planteamos la necesidad de la previsión salarial del 16% mediante el proyecto ley Nº 1.200/2008, que además declara la emergencia laboral y crea el programa de crisis ocupacional que estaría vigente por el término de 180 días a contar desde su sanción, crea la Comisión Multisectorial para la defensa del empleo y también el programa "derecho garantizado para la niñez" o salario universal hasta los 6 años.

Su tratamiento hubiera permitido un piso de actualizaciones y posiblemente evitado llegar al actual nivel de conflicto, pero fue desechado su tratamiento por mayoría en Labor Parlamentaria.

Si se hubiera habilitado este debate, que importaba reasignación de partidas al interior del esquema presupuestario, no tendría que salir hoy el gobierno a reconocer que se trataba de un presupuesto inviable y que "se tomará para el año en curso el presupuesto 2008".

Hay otros reclamos y reivindicaciones que no son escuchados ni atendidos por el gobierno provincial, como es el manejo de la obra social Ipross en la que no está asegurada la cobertura asistencial ni hay garantías de una conducta democrática al momento de designar su dirección.

Ante esta debacle queremos insistir en algunas cuestiones ya planteadas pero que no han sido tomadas en cuenta:

1) El gobierno de Río Negro debe garantizar la paritaria como un legítimo canal de negociación que la dota de la indispensable transparencia;

2) Es la provincia de Río Negro la que debe dar cuenta de las demandas de sus trabajadores, sin esconder la cabeza como el avestruz y direccionando arteramente los reclamos a la nación, que no es otra cosa que echar mano al recurso de todos los argentinos.

3) Reasignación de partidas para elevar el sueldo en blanco de docentes y trabajadores de la salud y estatales en general. A modo de ejemplo, las partidas de Publicidad Oficial (15 millones), Consultorías (78,5 millones), Transferencias a empresas privadas (25 millones), entre otros.

4) Recorte del gasto superfluo. Reducir al menos en un 50% la planta de funcionarios políticos del Ejecutivo provincial, que desde el 2003 hasta 2008 se ha duplicado (de 208 a 409 funcionarios). Reducción de gastos del Poder Legislativo de publicidad y por subvenciones, entre otros.

5) Ajuste en un 20% de partidas no afectadas a actividades sustantivas (40 a 60 millones).

Por todas estas razones, no podemos culpar ni al gobierno nacional ni a los gremios intervinientes ni a los trabajadores. La responsabilidad es claro que es del gobierno provincial. Y en consecuencia, asumiendo los errores cometidos, debe abstenerse de hacer descuentos salariales por los días de paro.

SILVIA HORNE (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Legisladora provincial por el Movimiento Evita-FpV del bloque del PJ de Río Negro