El desarrollo de un barrio náutico de envergadura en la costa del río Negro, al este de Roca, se ve perturbado por la ocupación de un heredero minoritario de la familia que hace casi tres años vendió las tierras, y que fue denunciado por amenazas con arma por los nuevos propietarios. La Justicia dictaminó su desalojo a través de la Cámara Civil, pero la orden no ha sido aún cumplida.
El hombre, Mario Rojas, fue el único de ocho hermanos herederos de la familia Rojas-Castillo que se negó a vender su parte y tomó la decisión de alambrar e instalar una precaria construcción en un sector de las tierras. Frente a tal circunstancia, la Justicia determinó el remate de toda la propiedad. El comprador fue Daniel Flores, arquitecto que diseñó el proyecto de urbanización sobre 55 hectáreas que incluyen bosque natural, y que actualmente construye y comercializa.
Se trata de "Las Caletas", que prevé lotes de 1.000 metros cuadrados cada uno, desembarcaderos para lanchas y un canal interno para drenaje de aguas. Además, el emprendimiento venía realizando obras de protección contra la erosión y otras que eviten la inundación del predio y de los barrios cercanos (de la Costa y Rivera), así como una calle para uso público y de pescadores. Parte de esas obras debieron ser interrumpidos por la presencia e intimidación del ocupante, denunciaron sus propietarios.
"Río Negro" accedió a documentación y fallos sobre el caso.
En mayo de 2005 la mayoría de los herederos de Antonia Castillo viuda de Rojas transfiere a Flores todos los derechos y acciones hereditarias que poseían sobre dos chacras. Originalmente, tales tierras habían sido adjudicadas a Castillo en venta por el gobierno rionegrino en 1989. Pero uno de los hermanos se negó a vender su parte, el 12,5% de las tierras. Inmediatamente alambró el borde del río y e hizo una precaria construcción de dos habitaciones. Aun cuando la Justicia le prohibió continuar con los actos de ocupación, Rojas no lo acató
En febrero de 2006, y tras las frustradas negociaciones para definir esa octava parte, que era indivisa, se autoriza judicialmente y se produce la subasta. Daniel Flores adquiere las tierras y dos meses después se firma el boleto de compraventa. Según aseguran los compradores, Mario Rojas cobró su parte de la venta. La posesión definitiva ordenada por la jueza se produce en junio de 2006.
El nuevo desarrollador inmobiliario realiza las obras que técnicamente se le exigen para el proyecto desde Departamento de Aguas, Autoridad de Cuencas, Codema y municipio, entre otros organismos (impacto ambiental, obras anti erosión -bloque de hormigón armado y espigones-, certificación de no inundabilidad, etc). Obtiene aprobación definitiva en marzo de 2008 y permiso de obra en mayo.
A partir de ese momento comienza un litigio entre Rojas y Flores por las fracciones anexadas a la propiedad por aluvión, es decir las tierras sumadas como consecuencia de la acción del río a través de los años (que erosiona en una parte y deposita en otra). Rojas plantea la controversia pues se consideraba con derecho a ocupar esa franja por considerarla dentro del acervo sucesorio. Desde su punto de vista, ocupaba la parte del aluvión al considerar que se trataba de un "lecho de río" cuya propiedad -en teoría- debía corresponder al Estado provincial.
No obstante, el Juzgado Civil 1 a cargo de Adriana Mariani resolvió luego de peritajes técnicos que el aluvional estaba consolidado y -por ese motivo- corresponde al "lindero", es decir a Flores, el derecho sobre esas tierras anexadas por aluvión, porque se formaron después de su adquisición.
Pero lo que no aceptó el Juzgado Civil es el pedido de desalojo de Rojas con el argumento de que puede "afectarse el derecho de defensa del ocupante".
La Cámara de Apelaciones en los Civil (por voto de los jueces Gorbarán y Joison) convalidó la decisión a favor de Flores en cuanto a los derechos del comprador sobre las anexiones aluvionales, pero -a diferencia de la jueza- determinó que debe desalojarse al ocupante Rojas.
Hasta ahora, a tres meses de dictado el fallo, no se ha ejecutado el desalojo.
El grupo que desarrolla el barrio náutico expresó preocupación por "maniobras de Mario Rojas" que buscan eludir el desalojo, entre ellas las estrategias de identificarse como miembro de una comunidad mapuche (Kospi) y de convocar a organizaciones para que lo respalden. También denuncia que -pese a la prohibición de la jueza de realizar actos posesorios- Rojas siguió alambrando y "generó permanentes hechos de violencia: apostó matones armados y amenazó reiteradas veces a propietarios y obreros de la obra". Asegura que hay varias denuncias presentadas y que pidió protección policial.
Los propietarios advierten que las "intimidaciones y presiones para arreglar" de parte de Rojas impiden un normal desenvolvimiento de las obras y pueden afectar la imagen del proyecto entre personas no informadas, desalentando posibles compradores. Asimismo, mostraron inquietud por la pasividad frente al desalojo ordenado por la Justicia.
