ROCA (AR).- A simple vista parecía una partida de carne picada "normal", aunque con un raro color rosado. Por eso los cocineros de la pequeña escuela albergue de Naupa Huen sospecharon apenas abrieron la bolsa.
Para colmo, en febrero las temperaturas en esa sureña región rionegrina son muy altas, lo que sembró más sospechas entre los trabajadores. Como si fuera poco, también advirtieron que el vehículo que transportaba los alimentos no tenía sistema de frío.
Lo que en el año 2006 surgió como una simple duda se confirmó luego en una causa judicial, que ahora desnuda la existencia de una supuesta empresa fantasma que estaba a cargo de la distribución de alimentos en escuelas de la zona y que entregó una partida de carne "adulterada", cargada con dióxido de azufre.
Ese producto es utilizado para impedir el desarrollo de bacterias pero es considerado por el Código Alimentario como "un aditivo prohibido" que representa "un riesgo para la salud de los niños".
Cuando el caso se conoció, en 2006, la seccional Roca de la Unter presentó una denuncia penal que recayó en el juzgado a cargo de Pablo Iribarren.
El magistrado dictaminó inicialmente la falta de mérito para Laura Irene Picunche, Lorena Roxana Cortez, Daniela Mariel Ferrero -quienes figuraban como propietarios de la empresa La Araucanía S.A.- y de Mario Dalbene, quien habría entregado los alimentos en cuestión.
Los supuestos dueños de la empresa habían llegado a indagatoria por los delitos de previstos en el artículo 200, 201 y 203 del Código Penal, que prevé penas de entre 3 y 10 años para aquellas personas que efectúen adulteración de las partidas de alimentos..
Pero luego de dos años de investigación el juez Iribarren entendió que los responsables de dicha empresa "no alcanzan a explicar cabalmente la actividad societaria ni el papel desempeñado por La Araucanía" en la provisión de alimentos, lo que supuestamente los eximiría de responsabilidades.
Sin embargo, la fiscal Ana Benito decidió apelar la resolución y los jueces de la Cámara Tercera del Crimen, Aldo Rolando Fernando Sánchez Freytes y Carlos Gauna Kroeger (subrogó a Carlos Vila), hicieron lugar a la solicitud de la representante del ministerio público y cuestionaron la tarea de Iribarren.
Los camaristas consideraron que los delitos estaban debidamente probados, ya que existen estudios del hospital Posadas de Buenos Aires y del laboratorio Regional de Salud Ambiental con sede en Villa Regina, afirmando que la carne en cuestión estaba adulterada.
"No basta con traficar mercadería peligrosa para incurrir en este delito. También es necesario disimular su carácter nocivo; la anexión de dióxido de azufre en la cantidad de 40 mg/kg, tenía -es de presumir- la finalidad de disimular el alimento en mal estado", indica la resolución del tribunal.
El cuestionamiento al juez Iribarren también giró en torno a la responsabilidad de los integrantes de la sociedad al entender que el directorio es el órgano encargado de la administración de todas las actividades determinadas en su constitución.
"Estos, los directores de La Araucanía S.A., son sin duda alguna responsables de un específico deber de garantía puesto que teniendo la obligación de evitar, no impidieron la adulteración y circulación del alimento en mal estado y con los referidos agregados químicos", indicó la resolución de los jueces de la Cámara Tercera.
Teniendo en cuenta los antecedentes del caso, los jueces presumen que la adulteración no se produjo a espaldas de sus directores por cuanto los beneficios con la provisión de los bienes adulterados son de esta sociedad anónima.
No menos responsabilidad le atribuyeron a Dalbene, quien no integra el directorio pero era quien cumplía con las tareas vinculadas al traslado de mercadería.
En la resolución que lleva fecha del 11 de marzo, los jueces le pidieron a Iribarren que profundice su trabajo en la investigación.
