La presidenta Cristina Kirchner lanzó ayer el debate sobre una nueva ley de radiodifusión que limite los monopolios en el espacio audiovisual, en un acto en La Plata, el mismo escenario en el que lanzó su candidatura a la primera magistratura en 2007.
"Es una vieja deuda de la democracia. Hace 25 años que esperábamos esto", dijo la mandataria y aseguró que su gobierno, en continuidad con el de su marido, el ex presidente y actual jefe del peronismo, Néstor Kirchner, es "pagador de deudas de la democracia".
El anteproyecto fue elaborado por el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), tomando en cuenta propuestas de la oposición y legislación de otros países para modificar la ley actual, vigente desde la dictadura militar (1976-1983). "La ley vigente no está sólo invalidada por su origen dictatorial, pero también por la evolución vertiginosa de la tecnología", dijo la mandataria en un colmado Teatro Argentino de La Plata.
La norma regulará el futuro mercado de radio, televisión, cable y el servicio ´triple play´ (televisión por cable, internet y telefóno). El anteproyecto será debatido en diferentes ámbitos de la sociedad, antes de ser enviada para su tratamiento al Congreso. "Seguramente como cuando hay algo que toca intereses poderosos habrá piedras en el camino e intentos de tergiversación", admitió la presidenta.
No obstante, insistió en que "es un tema central para que aquellos bienes de carácter social no puedan ser monopolizadas por un sector o una empresa", al destacar que se contempla "reservar 33% del espacio audiovisual a organizaciones sin fines de lucro". "No es admisible que en honor a la libertad de información haya cadenas monopólicas que le quiten la voz al resto", dijo Gabriel Mariotto, titular del Comfer, quien elaboró el proyecto de la ley bautizada de Servicios de Comunicación Audiovisual, de 148 artículos.
La norma pretende impedir que un grupo empresario "en una misma zona, tenga la radio, el diario, la señal de cable y la distribución", agregó. "La concentración monopólica no resiste ninguna ley del mundo. En el exterior se horrorizaban cuando veían el mapa de medios de la Argentina", aseguró el funcionario.
Grandes grupos empresarios con capitales locales, mexicanos, españoles y estadounidenses se dividen el mercado en Argentina.
El nuevo proyecto responde a los avances tecnológicos de los últimos 30 años y democratiza el acceso a la información definido como "derecho universal" en concordancia con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A continuación, un cuadro comparativo sobre los principales puntos entre la ley de la dictadura y el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA).
? Objeto de la regulación Ley 22.285: Unicamente se regulan los servicios abiertos (radio y TV) y los sistemas complementarios más antiguos, como Antenas Comunitarias.
Ley SCA: El objeto de la iniciativa es otorgar marco legal a todos los Servicios de Comunicación Audiovisual independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión. El libre acceso a las nuevas tecnologías permitirá el establecimiento de garantías destinadas a proteger el pluralismo y la diversidad de todas las producciones audiovisuales.
? Libertad de expresión Ley 22.285: Está limitada por las necesidades de la Seguridad Nacional. La ley actual admite restricciones a la Libertad de Expresión basadas en este motivo.
Ley SCA: Se garantiza el derecho humano universal al derecho a la información y a la libertad de expresión como lo prevé el 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, que implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. Los tratados de Derechos Humanos son una pieza fundamental del espíritu de esta propuesta.
? Autoridad de aplicación Ley 22.285: El organismo que regula la Radio y la TV está integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios.
SCA: El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por representantes de las Universidades, de las Asociaciones sin fines de lucro, de los trabajadores del sector, etc.
