BUENOS AIRES (DyN).- El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) le pidió a la Justicia que ordene el desalojo y el remate de los bienes de la ex funcionaria María Julia Alsogaray, para que se haga efectivo el decomiso de los casi 2,5 millones de pesos que le impuso como condena por enriquecimiento ilícito.

Fuentes judiciales informaron que la ONG reclamó que sean rematados los departamentos que la ex funcionaria posee en las calles Basavilbaso al 1300 y Junín al 1400 de esta ciudad, así como otros inmuebles a nombre de la ex secretaria de Medio Ambiente.

La presentación fue hecha ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que había intimado a Alsogaray a que devolviera el dinero, pero la semana pasada recibió de la ex funcionaria la respuesta de que no tenía dinero en efectivo para pagar el decomiso y que tampoco podía vender ninguna propiedad porque estaban inhibidas en causas judiciales abiertas en su contra.

El TOF 4 condenó en mayo del 2004 a Alsogaray a tres años y medio de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y al decomiso de 622.000 pesos y 500.000 dólares por el delito de enriquecimiento ilícito. El decomiso nunca se cumplió porque la condena fue apelada, hasta que en diciembre pasado la Corte Suprema la confirmó y el TOF intimó a Alsogaray a hacer efectivo el pago.

En la presentación, el CIPCE sostuvo que cuando se "dicta condena por la comisión de un delito de corrupción que produjo bienes ilícitos, el decomiso debe ejecutarse de modo directo, sin previa intimación alguna a la parte condenada". También recordó que "no existe derecho de propiedad alguno sobre bienes obtenidos mediante la comisión de delitos". En su presentación al tribunal, Alsogaray lo hizo en calidad de "in forma pauperis" (sin asistencia letrada por ser pobre).