SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- A un año del procesamiento de Guillermo Campbell y Haroldo Lezcano como presuntos responsables de "fraude a la administración pública" durante su paso por Altec SE, la Cámara Primera del Crimen hizo lugar a un recurso de la defensa y devolvió la causa a instrucción.
El expediente completo retornó al juzgado de Miguel Angel Gaimaro Pozzi, que en los próximos días deberá librar oficio a la empresa estatal para requerir la identificación del gerente general entre 2000 y 2002, período en que se produjo la "sustracción indebida" de unos 620.000 pesos mediante la utilización de "facturas apócrifas".
La maniobra, detectada por la AFIP, ocasionó un perjuicio al Estado provincial superior al 1.350.000 pesos a raíz de los intereses y punitorios que debió pagar la empresa después de rectificar la declaración jurada de ganancias.
En esos años la gerencia general estuvo a cargo de Walter Gaidú, quien dejó la empresa en 2003 y se radicó en España. El ex-funcionario fue investigado en la causa que sustanció el juez Federal Leónidas Moldes por evasión de unos 400.000 pesos de impuesto a las ganancias en el período 98/99, primer reclamo de la AFIP que, con multa e intereses trepaba al 1,5 millón de pesos.
La elusión de impuestos fue consecuencia de la utilización de facturas fraguadas para el presunto desvío de fondos por un monto muy superior que dio lugar a un segundo expediente (5004/03) caratulado "Campbell, Guillermo sobre delito contra la administración pública". Las dos investigaciones federales quedaron suspendidas después que la empresa de tecnología regularizó su situación tributaria y la AFIP retiró la denuncia.
El requerimiento de la defensa -que frenó el pedido de elevación a juicio formalizado por Gaimaro Pozzi en febrero- ya había sido planteado durante la instrucción y, llamativamente, Altec respondió que no sabía quién había desempeñado el cargo en esos años.
Esta nueva dilación preocupó el legislador justicialista Carlos Peralta, quien impulsó la investigación penal en la Justicia provincial e intervino como querellante hasta que el Superior Tribunal de Justicia revocó su designación. "El juez, con buen criterio, había pedido la elevación a juicio y este nuevo planteo de la defensa lo único que hace es dilatar el proceso judicial", dijo.
Su abogado, Marcelo Ponzone, consideró que la decisión de la Cámara y la adhesión de la fiscal Mirta Siedlecky fue inconveniente porque "los procesamientos de Campbell y Lezcano estaban firmes y no eran susceptibles de ninguna apelación" y el dato requerido por la defensa "se podía certificar por otra vía sin demorar el juicio".
El temor del legislador y su letrado es que el planteo de la defensa derive en la investigación de un nuevo imputado y genere una dilación prolongada que favorezca a los dos directivos procesados por "fraude a la administración pública".
Ambos procesamientos fueron confirmados por la Cámara Primera en abril del año pasado.
En esa resolución los jueces ratificaron la imputación por "fraude a la administración pública", pero desestimaron las acusaciones por "malversación de caudales públicos", "falsificación de instrumento privado" y "peculado".
