NEUQUÉN (AN).- La polémica en torno de la ocupación de las áreas costeras que realizan los privados en esta ciudad, sumó ayer un nuevo ingrediente. El representante de la provincia en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Elías Sapag, criticó la campaña realizada el domingo en canoas y aseguró que "los funcionarios, más que dedicarse a denunciar, que es muy fácil, tendrían que tratar de solucionar las cosas".
El funcionario arremetió contra la campaña realizada por el secretario de Gobierno del municipio capitalino, Mariano Mansilla: "está bien tratar de tener más normas que protejan el camino de sirga, pero no se dan cuenta de que el municipio mismo es el responsable de varias irregularidades porque son sus funcionarios los que autorizan por ejemplo el loteo de un barrio privado que ocupa tierras del río".
"Desde la AIC les dimos a todos los municipios los mapas de las tres líneas costeras: la de ribera, en la que no se puede construir; la de evacuación de crecidas, donde no debe haber construcciones grandes; y la de inundación", dijo.
Agregó que "los funcionarios, más que salir a hacer campaña en bote, tendrían que controlar e infraccionar las irregularidades porque después de todo están en áreas urbanas donde el poder de policía es municipal".
El domingo Mansilla recorrió junto a personal de Defensa Civil 28 kilómetros de costa. Aseguró que presentará un proyecto de ordenanza para que no se viole el camino de sirga, que indicó "no se respeta en el 25% de la costa de la ciudad".
Al respecto Sapag advirtió que "como funcionario uno debe exigir el cumplimiento de una norma como la ley 899 de agua y no salir a denunciar alegremente". Señaló que "el problema de fondo es que la ley provincial de camino de sirga está estancada en la Legislatura".
Sapag comentó que la norma, elaborada el año pasado por el organismo "es una iniciativa apolítica, que tenía el apoyo de todos los bloques, y que trabajamos desde la AIC como parte de nuestras responsabilidades. Lamentablemente el principal obstáculo que la está frenando es que tal cambio del uso del suelo llevaría a un gasto importante para el Estado".
El funcionario detalló que "hay gente que compró con títulos legales tierras que son del río y que seguramente si se aprueba la ley van a iniciar acciones judiciales por las que el Estado tendría que indemnizarlos o recompensados con obras de defensas costeras".
No obstante esto, Sapag, que es hermano del gobernador, se mostró esperanzado en que la norma prospere este año en la Cámara de Diputados, dado que aseguró que "también beneficiaría al resto de los ríos de la provincia".
