VIEDMA (AV)- Nadie se atreve a decir que en los establecimientos agropecuarias se esté perdiendo la costumbre ancestral de beber un té de piquillín ante el desmonte indiscriminado, pero se vislumbra mucha tibieza en su cuidado. Argentina puso en vigencia la controvertida Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de los Bosques Nativos y en su debut como protección ambiental, no tiene en cuenta a esa especie autóctona, a chañares o jarillas que cubren la vasta geografía rionegrina.

En los últimos seis años, la tala masiva pasó de unas 36.000 a 70.000 hectáreas.

La normativa identificada con el número 26.331 contempla en su artículo 14 que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en una serie de categorías, en la que justamente se incluye a una importante franja provincial ubicadas en las zonas Este y del centro de la provincia.

Cuando el texto fue reglamentado, los funcionarios rionegrinos se encontraron con una premisa que sólo contempla el resguardo para especies grandes consideradas técnicamente con "porte arbóreo".

Si bien la zona Andina queda bajo un paraguas, el articulado oficial interpreta que los piquillines, chañares y jarillas se ramifican a nivel de suelo, y en consecuencia entran en la categoría de arbustos.

Al ver que la ley se demoraba en su aplicación y -obviamente- en reglamentarla, la Dirección de Bosques de Río Negro inició el año anterior un operativo propio destinado a disminuir las consecuencias.

Se observó que el panorama de los campos de secano se presenta como desolador a raíz de los cortes y la sequía que los azota. Los primeros síntomas es la voladura que se vive cotidianamente en virtud de que el régimen de lluvia se achica cada vez más.

"El corrimiento de la frontera agropecuaria para implantar soja en la Pampa Húmeda provocó que haya mucha carga animal en los últimos años, por lo cual venimos notando el efecto del desmonte principalmente para producción ganadera e implantación de cultivos destinados a la alimentación bovina", revelaron a "Río Negro" el titular del organismo provincial, Ernesto Guidi, y los técnicos forestales Roberto Lini y Juan Carlos Baffoni.

Detectaron que la tecnología va en contra de la propia naturaleza. En los cortes a ras de piso se dejaron de utilizar cadenas que respetaban las raíces como para que vuelvan a crecer. Los inquilinos de campos incorporaron otro tipo de intervención con el uso de potentes tractores de 400 caballos que arrastran arados de "desfonde". Estos se incrustan en la tierra hasta una profundidad de 40 centímetros que impide todo tipo de rebrote y de supervivencia.

En segundo lugar, expresaron una preocupación menor en el raleo para el aprovechamiento leñero.

Este equipo de trabajo está desarrollando un proyecto de ordenamiento territorial con el propósito de conseguir un manejo integral de esos recursos, y paralelamente, realizar gestiones ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) para que se escuchen las razones y así imponer un modelo que sirva para limitar el desmonte.

Hasta ahora, la ausencia de normativa se suplanta con una resolución interna de Bosques. Se otorgan permisos de raleo hasta un 60 por ciento de la superficie de cada predio cuando sean menores de 2.500 hectáreas. De hasta un 50 por ciento de superficie sobre un tope de 5.000 hectáreas y hasta un 40 por ciento en campos mayores a 5.000.

Con la imposición de una declaración jurada consiguieron por lo pronto disminuir de 6.000 a 3.600 hectáreas la tasa de autorizaciones de corte.