Un paro de actividades de cualquier sector tiene como objetivo molestar, alterar la normalidad, llamar la atención, hacer presión, todo en procura de obtener un beneficio.
Por eso no sorprende que el reclamo de un aumento en el salario docente que tiene paralizada la educación pública en Río Negro desde hace veinte días condicione fuertemente también la vida de una parte considerable de la población. Lo peor, en todo caso, es no ver ningún esfuerzo por evitarlo resolviendo el conflicto que lo origina por alguna de las vías previstas en el marco de convivencia propio de un sistema democrático.
Los cortes de rutas, aun siendo intermitentes, son tal vez el fenómeno más molesto, por las situaciones enojosas que ocasionan con sus "víctimas".
Aun más grave es la pérdida de días de clase para los alumnos de escuelas públicas de todos los niveles.
La imposibilidad de realizar asambleas de cargos impide trabajar -y de percibir remuneración- a numerosos docentes, sobre todo aquellos que por ser ingresantes o no estar sindicalizados son el eslabón más débil del escalafón.
Menos notable pero igualmente serio es el perjuicio que el paro docente ocasiona a miles de trabajadores de otros sectores que no pueden cobrar el adicional por ayuda escolar por no hallar quién les expida un certificado de inicio de clases.
Los docentes son, también ellos, perjudicados por las medidas de fuerza, porque nadie supone que prefieren estar en las calles en lugar de desempeñar la tarea que eligieron.
Y al gobierno de Miguel Saiz, enfrentado a su propia debilidad de gestión y a una crisis de financiamiento, nada bien le hace este conflicto en un año en el cual habrá que elegir antes de lo pensado dos diputados nacionales. Toda elección -aun nacional- es, se sabe, un plebiscito del gobierno local.
No obstante, los días pasan y nada parece modificarse.
El gobierno de Miguel Saiz inició el 2009 sabiendo perfectamente que tenía pendiente una respuesta salarial a los trabajadores docentes desde octubre del 2008.
Sin embargo, nada hizo para anticipar el diálogo ni por buscar caminos de acuerdo.
Apostó, en cambio, a que la misma encrucijada que impidió a los docentes convocar a un paro a fines del año anterior los retendría ahora. Se equivocó.
El enojo fue el ánimo con que los trabajadores de la educación iniciaron las asambleas, y por eso el paro por tiempo indeterminado con corte de ruta fue -desde el inicio- la extrema medida dispuesta.
Para analizar la cuestión conviene evaluar dos aspectos: el fondo y la forma.
Sobre el fondo, todo parece indicar que los docentes no se equivocan al afirmar que su salario se ha deteriorado en Río Negro en los últimos años en términos relativos, pasando de estar entre los mejores del país a ser de los más bajos.
Un estudio del CIPPEC que analizó la evolución del salario docente en la última década en todo el país concluyó que en Río Negro creció sólo la mitad de la mejora promedio registrada a nivel nacional.
En tanto, un análisis del Ministerio de Educación de la Nación publicado también por este medio determinó que -en el período 2005-2008, coincidente con la segunda gestión de gobierno de Saiz- Río Negro fue la provincia que en menor proporción subió su salario docente, sólo un 58%, contra un 97% de promedio en el país y un 103% de la vecina Neuquén.
La contracara de esa razonabilidad del reclamo es la existencia o no de fondos públicos para hacerle frente. El gobernador ha formulado esta semana un discurso público -apenas días después del de apertura de sesiones legislativas- en el cual ha dicho en forma contundente que "hoy no se puede" dar aumento salarial a ningún sector.
Como prueba de estrechez anunció medidas vagas tendientes a lograr un ahorro cuyo efecto no ponderó. Es más, su mensaje no incluyó cifras, ni de la merma de recursos ni de cómo actuará sobre los gastos.
En una provincia donde sigue pagándose mensualmente a empleados, contratados, becarios, asesores o consultores a cambio de ninguna contraprestación en favor del Estado, una negativa tan cerrada a un incremento del salario docente debería estar acompañada -al menos- por una información mucho más rigurosa.
La labor profesional de los educadores debe estar bien remunerada. Y en el sector docente, es bueno destacarlo, no hay "ñoquis". Y si bien resulta acertada la crítica por los frecuentes abusos que se cometen en el uso de licencias, es evidente que se producen gracias a la falta de controles y a una reglamentación permisiva que el gobierno poco ha hecho para modificar.
En cuanto a la forma que ha adoptado el reclamo docente, resulta totalmente inadecuada y perjudica sobre todo a los propios trabajadores de la educación, que se autoinfligen con ella un golpe durísimo en la imagen pública frente a la sociedad rionegrina.
Profesionalmente tienen a su cargo la educación en conocimientos, valores y conductas. ¿Cómo explicar entonces que para reivindicar sus derechos actúen con prepotencia, con escraches e insultos o afectando los derechos de personas ajenas al problema y a su solución?
De todos modos, la responsabilidad del gobierno es mayor en esta instancia. Gobernar es, precisamente, conducir, conciliar intereses, mediar, dialogar, resolver.
La "no política" del gobierno de Saiz, que ha definido como estrategia el no hacer nada, constituye su propia negación o una manifiesta declaración de incapacidad o impotencia.
Aun con todos los errores que han cometido, han sido los docentes quienes -sobre el fin de la semana- diseñaron dos ámbitos de diálogo -uno en los obispados y otro en las comisiones legislativas- que ojalá suplan la falta de muñeca política de quien debería ser piloto de tormenta en el enrarecido mar rionegrino.
