Más allá de las esperables diferencias de diagnóstico, el intendente Marcelo Cascón y los concejales de los distintos bloques coinciden en aceptar que el municipio navega en una crisis económica seria y profunda. Y que le toca enfrentarla con un margen de acción muy limitado.

Ese condicionamiento se deriva directamente de un paquete de problemas estructurales irresueltos, cuya responsabilidad corresponde tanto a la actual gestión como a las anteriores.

A la ahora de caracterizar la situación, la palabra "inviabilidad" cruzó varios discursos y apuntó en general sobre la desmoralizante escasez de los recursos que administra el municipio, combinada con su incapacidad para asegurarse una recaudación que garantice funcionamiento e inversión pública.

Cascón puso el acento en las medidas de ahorro que piensa desplegar, entre ellas la rebaja de haberes para el personal político (hasta ahora acotado al departamento Ejecutivo) y el recorte de horas extra.

Otras medidas no enunciadas por el jefe comunal pero evidentes de por sí son el carísimo financiamiento vía descubiertos bancarios y -de hecho- la postergación del modesto plan de gobierno trazado en el presupuesto, que ya comenzó a acumular una fuerte subejecución de programas, tal como ocurrió en el ejercicio anterior.

No obstante, el intendente de Bariloche aceptó que el ajuste de gastos tiene más bien un valor simbólico y que el verdadero cuello de botella aparece en los diferentes ingresos municipales. Además, anunció un plan de seducción para los contribuyentes morosos, una distribución más eficiente de las boletas de tasas y un refuerzo en el cuerpo de inspectores para mejorar la fiscalización.

Claro que esas también serán "señales" de módico efecto sobre la ecuación real de los números municipales.

El verdadero desafío -hasta aquí ignorado en forma consciente y voluntaria por todos los gobiernos- es que el Estado municipal se decida a atacar los nichos de iniquidad en la distribución de las cargas tributarias.

El municipio tiene responsabilidades indelegables en la prestación de servicios, en la atención de demandas sociales y en el desarrollo de la infraestructura urbana, pero se apropia de una porción ínfima de los recursos que circulan en la economía de la ciudad.

Con los actuales niveles de recaudación por tasas, derechos y contribuciones de propia jurisdicción, el municipio sólo administra el 1,45% de Producto Bruto Interno de Bariloche, según la medición realizada por el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Fasta, que es la única disponible.

En enero pasado los ingresos del municipio por tributos propios fueron de 3,48 millones de pesos, en febrero alcanzaron los 3,86 millones y en los primeros 10 días de marzo apenas llegaban a los 647.000 pesos.

Solamente atender la masa salarial -con sus cargas sociales incluidas- le demanda al municipio unos 7 millones de pesos. De modo que además de la recaudación propia buena parte de la coparticipación debe tener cubrir forzosamente ese rubro, hoy convertido en preocupación excluyente.

Con esa realidad conviven las desigualdades en la imposición de la tasa de Servicios, que permiten a las grandes propiedades pagar sumas irrisorias y que la polémica reforma del año pasado (mal aplicada además) estuvo lejos de corregir.

Existe también una capacidad contributiva no abordada en el cerro Catedral, cuyas empresas y comercios no pagan la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene a pesar de que el área desde hace cinco años forma parte del ejido municipal.

Existen además otras megaempresas como el Casino, al cual el municipio le cobra desde hace años una tasa especial de valores ridículos en relación con lo que la misma empresa paga en otras localidades y con el movimiento de dinero que registran las dos salas de juegos radicadas en Bariloche.

El concejal Claudio Otano (UCR) insistió en explorar "alternativas de crecimiento de la recaudación municipal" y recordó que tiene presentado desde el año pasado un proyecto para actualizar los códigos Fiscal, Tributario y de Faltas y comenzar a gravar -por ejemplo- el uso del espacio aéreo y el subsuelo (hoy son gratis para todos). Los cambios reportarían entre 10 y 12 millones extra por año.

"El problema son los parámetros equivocados sobre el rol del Estado -dijo el edil-. Existe mucha gente que quiere vivir como en Mónaco y pagar como en Pilcaniyeu".

Si de verdad quieren corregir esas distorsiones, a Cascón y también a los concejales (porque el gobierno es un todo) les tocará pagar el costo de los deberes que el municipio no hizo en los últimos cinco años, cuando la ciudad creció a ritmo vertiginoso.

Aunque sea de estricta justicia, reforzar la presión tributaria en tiempos de recesión resultará complicado, aunque no imposible.

El tardío reconocimiento de que el municipio sólo es sostenible con un mayor flujo de ingresos augura conflictos de variado tipo y requerirá una capacidad técnica y una convicción política que hasta aquí han sido parejamente escasas.