Habiendo trabajado como psicóloga en el Servicio Penitenciario Federal, me motiva el hecho de escribir esta carta ante un tema hoy preocupante en toda la ciudadanía como lo es la seguridad o, mejor dicho, la falta de seguridad. Cuando escucho sobre estos temas y sobre la delincuencia no dejo de sorprenderme sobre cuánto se pretende desde las máximas instancias gubernamentales engañar a la población sobre la función resocializadora de las cárceles argentinas. Realmente fui una de tantas profesionales que ingresaron hace muchos años a una repartición con la idea de que se podían hacer cosas buenas en aras de la resocialización de los detenidos y se encontraron con un panorama desalentador desde todos los ángulos. Primero, la gran “perversión” institucional y la verticalidad que atraviesa el servicio penitenciario federal y de la cual no están exentos algunos de los agentes ni los oficiales, como tampoco los profesionales y, lamento decir, hasta algunos colegas que, sin tener la más mínima ética sobre lo que implica la función de un psicólogo, lejos de entrevistar a internos, ayudarlos terapéuticamente y realizar diagnósticos adecuados, no los ven, “copian” literalmente los informes de otros profesionales y hasta “falsean” diagnósticos de acuerdo a las órdenes del director. Es decir que, si un director le pide que diagnostique a un interno con un pronóstico desfavorable porque quiere llevarlo a una unidad de máxima seguridad, él (¿profesional?) le dice que sí y por lo tanto escribe un falso diagnóstico.Ni qué decir si llega a una unidad un director arbitrario, quien con total impunidad hacia sus subordinados produce retiros, pases indiscriminadamente y hasta amenazas como en el caso de mi persona, con el consabido daño psicológico para mí y para mi familia, situaciones que fueron denunciadas ante personal jerarquizado de Buenos Aires prevaleciendo la total impunidad.Ojalá algún día los funcionarios y nuestra presidenta se den cuenta de que las instituciones carcelarias no sirven para nada. Su sistema, rígido y verticalista, y la perversión institucional (en sentido psicoanalítico) agravan aún más las condiciones de los detenidos, quienes “aprehenden” en la institución carcelaria las mismas normas perversas de la institución. Forman así verdaderas “escuelas de delincuentes”. Allí se aprende a denigrar, a castigar y a defenestrar al otro, obedece la “ley del más fuerte” en todos los sentidos, siendo la humillación y la denigración una constante en la comunicación con el otro.Por ende, la situación verticalista se torna intolerable para el subordinado y no existen derechos que defiendan al personal ante arbitrariedades de la superioridad. La misma, amparada en su grado y en su función, se cree “omnipotente” hacia el otro, con derecho a manipular la vida de las personas. Obviamente, cuando se retiran pierden esta omnipotencia, ya que sólo la adquieren con su “identidad” en la institución, y cuando se retiran se producen desajustes desde depresiones (ha habido casos de suicidios y/o alcoholismo) o, aún más, se incrementan las modalidades perversas (si tiene una personalidad con esas características) originándose la conducta delictiva. No nos extrañe, por lo tanto, ver en los diarios cómo fuerzas de seguridad han intervenido en asaltos, secuestros, narcotráfico, etc.) como forma sustitutiva (pero patógena) de manipular al otro y ejercer este “poder” sobre las personas.No voy a extenderme más de lo que más adelante reflejaré en el libro que estoy escribiendo sobre la realidad carcelaria argentina, pero me resta decir que para reducir los índices de inseguridad se deben implementar políticas gubernamentales que tiendan a la prevención primaria del delito, es decir: ejercer medidas y políticas gubernamentales para prevenir que el delito aparezca y no sólo actuar en la prevención secundaria (que es cuando el delito está instalado). Con políticas preventivas primarias sobre salud (prevención sobre enfermedades, drogas, violencia familiar, maltrato, planificación familiar), educación (integración de todos los niveles), recreación (programas para desarrollar capacidades deportivas) y trabajo en zonas de alto riesgo para los habitantes, se logrará disminuir el riesgo delictivo.Nuestro sistema carcelario, está por demás decirlo, es obsoleto. No va más, a menos que quieran usar las cárceles como depósito de individuos (con perdón del término). Sería positivo que los funcionarios que tienen responsabilidad en este tema hicieran una adecuada autocrítica. Lic. Silvia Castex, DNI 12.949.107Roca