La renuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, desnuda su cansancio moral ante el permanente hostigamiento al que fue sometido por funcionarios del kirchnerismo.

El último episodio fue la negativa de la Auditoría General de la Nación de darle información sobre casos en trámite ante ese organismo, muchos de los cuales fueron precisamente impulsados por Garrido. En especial, había reclamado el informe de la Auditoría sobre la obra de interconexión a Pico Truncado, sospechada de generar un abultado sobreprecio en Santa Cruz, la provincia de la presidenta y su esposo, el ex presidente Kirchner.

Garrido -al igual que el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leonardo Despouy- resistía desde hace tiempo los embates de una estructura de control que fue siendo acomodada a los intereses del poder.

La dependencia directa del Procurador Esteban Righi y el sistemático recorte de funciones que éste ha venido aplicando a los órganos de control representan un toque de alerta sobre un evidente esfuerzo del gobierno nacional para evitar y neutralizar toda investigación dirigida a funcionarios en ejercicio.

En el caso de Despouy, Righi le quitó la facultad de establecer el orden del día de las reuniones de la AGN, pese a ser su presidente, razón por la cual no asombraría si también dejara pronto el cargo, para no seguir convalidando un control convertido en una fachada inútil.

Más allá de violar el marco constitucional y las normas internacionales sobre corrupción, el condicionamiento de los órganos de control es un atentado a la democracia y una burla a la ciudadanía.