SAN LUIS (DyN) El Tribunal Oral Federal de San Luis condenó ayer a prisión perpetua y a inhabilitación perpetua a cinco ex militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Además, dispuso que sean investigados un camarista, un ex juez, un obispo y el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Menéndez.

Los condenados deberán cumplir la pena en cárceles comunes, dos de ellos en el penal bonaerense de Marcos Paz. La condena recayó sobre Carlos Esteban Plá, Víctor David Becerra, Miguel Angel Fernández Gez, Luis Orozco y Juan Carlos Pérez, quienes fueron hallados culpables de la privación ilegítima de la libertad, torturas y asesinato de Graciela Fiochetti, Pedro Ledesma y Sandro Santana Alcaraz.

El fallo emitido por los jueces Raúl Rodríguez, Roberto Burad y Roberto Nacif fue recibido con algarabía por los familiares, militantes y organizaciones de derechos humanos que se dieron cita desde temprano al edificio ubicado en pleno centro de la capital puntana. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde destacó el "fallo ejemplar", ya que, dijo, "se dictó la máxima pena por los delitos cometidos".

La diputada nacional Victoria Donda reconoció "la lucha de los compañeros, que muchas veces fue llevada adelante en absoluta soledad" y criticó al gobierno de Alberto Rodríguez Saá porque entendió que no facilitó los medios para investigar.Fue notoria la ausencia de funcionarios y legisladores del oficialismo cuando se leyó el veredicto. Tanto el abogado de la querella como los familiares de las víctimas destacaron "la valentía de los jueces" que llevaron adelante el proceso "dándole a los represores la oportunidad de ser juzgados de manera transparente, cosa que ellos no hicieron con sus víctimas".

"Todavía queda una materia pendiente", dijo Segundo Ledesma, el padre de Pedro, que continúa desaparecido. "Esperaba que estos cobardes dijeran dónde tiraron a mi hijo", se lamentó. Dominga, su esposa, más allá del fallo, se retiró desolada en su silla de ruedas, pues esperaba ese gesto "para darle sepultura a Pedro". "Ahora van a estar donde tienen que estar", sentenció Reina Alcaraz, la hermana de Santana, el muchacho que fue secuestrado de las aulas de la Universidad Nacional de San Luis y nunca más fue vuelto a ver. Para ella también el fallo le dejó un vacío, porque estaba esperanzada de "encontrar el cuerpo de mi hermano".

Por otra parte, el Tribunal ordenó investigar a la plana mayor del GADA 141 y el Comando de Artillería 141en 1976. Igual suerte corrió el ex juez federal de San Luis, Eduardo Allende y el actual camarista mendocino Carlos Martín Pereyra González, que entonces era secretario del juzgado, por sus actuaciones en la causa. También se investigará a Menéndez, ya que de él dependía el área 333 de San Luis.