VIEDMA (AV).- La Justicia consideró que el abordaje de la crisis de Río Negro es una cuestión de Estado y exigió una reunión de los responsables de los tres poderes.
El planteo surgió del presidente del STJ, Luis Lutz, quien propuso otro mecanismo en el pago de los haberes públicos, diseñando un cronograma por montos, con "un mejor tratamiento para los que menos cobran". Además afirmó que la situación provincial requiere "revisar" las prioridades en las asignaciones de los recursos públicos.
Para esta referencia institucional, Lutz aprovechó una audiencia pública con los gremios estatales y transmitió así un claro mensaje al gobierno provincial. El día antes, el STJ se enteró por la tevé del paquete anticrisis que dispuso el gobernador Miguel Saiz. En Capital Federal, el vicegobernador Bautista Mendioroz se anotició de las medidas por un llamado de un colaborador.
Por su parte, el gobernador firmó ayer el decreto 66/09, que establece un plan de "ahorro público", consistente en la reducción del gasto en cargos políticos, viáticos, subsidios y contratos.
Los judiciales llevan días de protesta, pero ayer Lutz aceptó recibirlos, conjuntamente con la Unter y ATE. Rápidamente, se diferenció del Poder Ejecutivo. "Hay voluntad de diálogo", recalcó ante la dirigencia sindical.
No obstante, evitó toda referencia a la problemática del conflicto docente cuando el titular de la Unter Viedma, Paolo Etchepareborda, solicitó que exprese su posición. Lutz se excusó al argumentar que existe un reclamo judicial en el STJ que exigirá próximamente su opinión.
La secretaria general de Sitrajur Viedma, Adriana Saber, recordó el tradicional reclamo por el tardío pago de los salarios y, además, la permanente postergación para los empleados judiciales. El cobro -insistió- debe darse dentro de los cinco días hábiles. "Las leyes están para cumplirlas y si la Justicia no la cumplen, qué más se puede esperar", destacó Saber.
Lutz reconoció que el STJ deberá asumir "una gestión más activa" mientras recordó su posición en un fallo del 2002 planteado por el secretario general de los legislativos, Alejandro Gatica. Ayer, Lutz no se explayó pero, en aquella ocasión entendió que el Ejecutivo debía cesar en la "discriminación en el pago a los legislativos" y que se debía establecer una cancelación salarial con una "fórmula" más "racional y ecuánime, que restaure la igualdad y la equidad en el trato para la percepción de los los salarios". Argumentaba que "no era razonable que un ministro cobre con varios días de antelación de categorías inferiores de los Poderes Legislativo y Judicial". Su propuesta de entonces -que ayer reiteró- era un pago por montos. Aquella posición de Lutz fue minoritaria y el amparo de Gatica fue rechazado por los votos de Víctor Sodero Nievas y Alberto Balladini.
