NEUQUÉN (AN).- La Justicia condenó ayer a tres años de prisión en suspenso al empleado desleal de una empresa que depositaba cheques en su cuenta personal.

La sentencia recayó sobre Mariano Jofré, de 35 años, empleado de una firma de servicios petroleros. También lo condenaron por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

El imputado llegó a juicio acusado de 16 hechos similares cometidos entre el 2000 y el 2002 pero sólo lo condenaron por tres, y uno de ellos en grado de tentativa.

La Cámara Primera que realizó el juicio concluyó que "nos encontramos ante una administración fraudulenta, ya que aunque fuera con escasa decisión, Jofré tenía el manejo de los bienes consistentes en las chequeras de la empresa. Y a través de un abuso de confianza, incumplía las ordenes de las imputaciones de los pagos, aprovechándose que los cheques le eran firmados en blanco, llenándolos por una suma distinta a la indicada, y depositándolos en su cuenta corriente, obteniendo un lucro indebido, y perjudicando patrimonialmente a la empresa" para la cual trabajaba.

"El perjuicio patrimonial -agrega el fallo- estaba dado en el empobrecimiento de la empresa, ocasionado por el traspaso de las respectivas sumas" del patrimonio de la firma al del imputado.

En cuanto al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, el fallo lo consideró probado ya que "en forma intencional, contando con fondos para solventar dichos aportes, no lo hizo, optando para destinar dicho dinero a otros gastos".

El imputado dijo en su defensa que "él pagaba con su dinero personal los gastos, deudas y proveedores de la empresa" por lo que depositaba los cheques en su cuenta para compensar. "Desde ya tal descargo resulta desde todo punto de vista inverosímil", señalaron los jueces Luis Fernández (autor del primer voto), Mario Rodríguez Gómez y Carlos Sierra. "No resultan explicables las razones por las cuales un empleado cuyo sueldo no llegaba a los 1.600 pesos se endeudara por la empresa por la que trabajaba, y efectuara pagos de su bolsillo a acreedores de la empresa".

La fiscal Gloria Lucero lo acusó de "estafas reiteradas", pero la Cámara no compartió el criterio. Lo condenó a tres años de prisión en suspenso por "defraudación por administración fraudulenta reiterada en concurso real con incumplimiento de los deberes de asistencia familiar".

Le impusieron como regla de conducta realizar trabajos no remunerados a favor de instituciones de bien público fuera de sus horarios habituales de trabajo durante 8 horas mensuales.